La comunidad internacional comenzó ya a movilizarse ante la crisis política en Venezuela, con el anuncio de reuniones de urgencia del Mercosur y la OEA, con lo que más de 20 países han solicitado formalmente una sesión extraordinaria el lunes para declarar que en el país caribeño hay “una alteración del orden constitucional”.
Mientras, en Venezuela se registran protestas y la fiscal general, Luisa Ortega, admitió que hay una “ruptura del orden constitucional”.
Dos días después de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, por la que asume las competencias del parlamento, de mayoría opositora, varios gobiernos insisten en llamados a adoptar medidas para promover “la democracia, el diálogo y el reencuentro entre los venezolanos”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien desde que llegó a la organización ha denunciado lo que considera violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro, ya había solicitado que se convocara una sesión urgente.
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En esa reunión, el lunes, las naciones consideran que votar una declaración que diga que en Venezuela se alteró el orden constitucional es “el primer paso de un proceso”, el que recoge la Carta Democrática Interamericana.
Carta democrática
Después de esa declaración, para la que se requieren 18 votos (la mayoría simple de los 35 Estados miembros), seguirían gestiones diplomáticas y una de las opciones que se baraja es una reunión de cancilleres (no necesariamente una asamblea), para lo que también se necesita el mismo número de apoyos.
Si el Consejo Permanente declara que en Venezuela “hay una alteración del orden constitucional” que afecta “gravemente su orden democrático”, se iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como pide desde el pasado 31 de mayo el secretario general de la OEA.
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Este instrumento jurídico, creado por unanimidad en 2001, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión de la OEA.
Por el momento este grupo de más de 20 países quiere agotar la vía diplomática y contempla la suspensión solo como un último recurso.
Mercosur
Entretanto el Mercosur convocó para este sábado a los cancilleres de los países miembros para analizar las “posibles vías de solución” y reiterar “su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho”.
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Venezuela era miembro de pleno derecho del Mercosur hasta diciembre pasado, cuando fue cesado en sus derechos.
La cancillería venezolana dijo que “es falso” que se haya consumado un golpe de Estado en el país y manifestó su “repudio” ante lo que calificó como una “arremetida” por parte de los gobiernos “de la derecha intolerante”.
7
de los 12 países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) condenaron la situación en Venezuela y reclamaron que se respete el Estado de Derecho.
Tímida reacción
Los venezolanos salieron en pequeños grupos para protestar en Caracas y otros Estados del país. En la principal arteria vial de la capital venezolana, la autopista Francisco Fajardo, un grupo de estudiantes manifestó su rechazo a las decisiones del Supremo impidiendo parcialmente el paso de vehículos y una actividad similar se emuló en horas de la tarde.
Sorpresiva fue la declaración de la fiscal general Ortega, quien dijo que las sentencias del Supremo “evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado” en la Constitución, “lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.
En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos sociales, civiles, políticos… La única ruptura del orden constitucional la encabezó la derecha fascista”.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
LA PRENSA/EFE