La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró en Antigua Guatemala, Guatemala, su Asamblea General de medio año en la cual se ocupó de Nicaragua con particular detenimiento.
En primer lugar la SIP conoció y aprobó el informe de país sobre el estado —o mejor dicho el mal estado— de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. Todas las dificultades que el régimen orteguista impone al ejercicio del periodismo independiente, fueron detalladas en ese informe que semestralmente es elaborado en Nicaragua y enviado a la SIP, para conocimiento de los representantes de los más importantes periódicos y otros medios de comunicación de las Américas.
La Asamblea de la SIP en Guatemala también incluyó a Nicaragua en sus Conclusiones Generales, para señalar específicamente la falta de acceso a la información pública.
Pero lo más importante ha sido que la Asamblea de la SIP aprobó una resolución especial sobre Nicaragua, en la cual menciona las múltiples violaciones a la libertad de prensa que comete el régimen orteguista y le demanda que cumpla con la Constitución Política de la República.
La resolución de la SIP cita el artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua, en el cual se garantiza jurídicamente “el derecho de los nicaragüenses a la información veraz, lo cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
En referencia a la concentración y monopolización de medios de comunicación electrónicos por parte del Gobierno y personas afines, la SIP menciona también el artículo 68 de la Constitución en el cual se establece expresamente que: “El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”.
Debido a que esas disposiciones constitucionales no se cumplen, la SIP hace un llamado al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se pronuncie sobre la situación de la libertad de prensa en Nicaragua.
En realidad, el relator especial de la CIDH debería venir personalmente a Nicaragua para constatar esta situación en el mismo escenario de las agresiones contra la libertad de prensa. Aunque el Gobierno no le atienda una solicitud de invitación, el relator podría venir de manera no oficial.
La pertinencia de estas denuncias ha quedado comprobada con el hecho de que el lunes de esta semana —el mismo día que la SIP aprobó la Resolución sobre Nicaragua—, fue cancelado el programa radial Onda Local que se transmitía desde hace 17 años en una radioemisora progubernamental. La clausura de este programa enfocado en la información y el debate sobre temas sociales, municipales y de ciudadanía, fue ejecutada por orden “de arriba”, según expresó públicamente su directora.
Ante esta otra violación a la libertad de expresión y de información cometida por el régimen orteguista, LA PRENSA hace llegar su expresión de solidaridad a la directora y demás miembros del equipo de Onda Local.