Carlos Ponce, director de la organización defensora de derechos humanos para América Latina, de Freedom House, afirmó que el proyecto de Ley conocido como Nica Act tiene como objetivo presionar al gobierno de Daniel Ortega.
Por su parte, el excontralor de la República, Agustín Jarquín, hizo una serie de recomendaciones al régimen para evitar el impacto de la posible Ley.
Modificar memorándum de entendimiento
Entre las recomendaciones que hace el excontralor y exaliado del FSLN, en una carta dirigida al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y al canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, exhorta a modificar el contenido del Memorándum y que este, en vez de tener un tiempo de tres años para sus resultados, sea de un año.
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“En aras del beneficio integral y sin exclusiones de la población nicaragüense, les instamos a revisar y a modificar los tiempos y espacios del Memorando de Entendimiento que suscribieron el 28 de febrero pasado, con el fin de cooperar en las áreas político-electoral e institucional por los próximos tres años… para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana”, recomienda Jarquín.
El excontralor recomienda, además, que se cumpla con los Acuerdos de Esquipulas y de la Carta Democrática Interamericana, “con amplia vigencia de los derechos constitucionales”.
Otro punto que Jarquín propone es el establecimiento de un “sistema electoral eficaz, eficiente y transparente” que “asegure una competencia ecuánime y justa y los resultados que sean expresión de la voluntad ciudadana manifestada libremente en las urnas”.
Gobierno autoritario
Para Carlos Ponce, la nueva versión de la Nicaraguan Investment Conditionality Act, o Nica Act, meterá presión a la administración de Ortega, en el poder desde el 2007.
“Es definitivamente una contribución para generar presión al gobierno autoritario e ilegítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como se muestra solidaridad con cientos de defensores perseguidos y con el pueblo de Nicaragua. Establece condiciones de derechos humanos y de lucha contra la corrupción a un gobierno particularmente corrupto y que no cree en las garantías fundamentales democráticas”, afirmó Ponce, quien fue expulsado del país por el gobierno de Ortega en 2016.
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Ponce valora que la iniciativa de Ley tiene un mensaje claro y preciso para el Gobierno, no habla de límites comerciales, sino del uso de fondos de los contribuyentes de Estados Unidos, que no seguirán siendo utilizados para financiar abusos del gobierno de Ortega y que el voto de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales no podrán avalar la corrupción y violación de derechos humanos en Nicaragua.
“La Nica Act obviamente preocupa a Daniel Ortega, porque en lugar de fortalecer procesos productivos eficientes, ha venido incrementando la dependencia de la cooperación internacional. Le preocupa porque le toca el bolsillo y su red de corrupción”, afirmó Ponce.
Reacción histérica
El promotor de derechos humanos se pronunció sobre las reacciones que está provocando el proyecto de Ley en algunos sectores en Nicaragua.
“Por la reacción histérica que ha tenido Daniel Ortega y sus cómplices con el proyecto (de Ley), vemos que sí están preocupados. Esa preocupación abre una puerta para que los empresarios dejen su complicidad y presionen a Ortega a comprometerse en un proceso serio de democratización en Nicaragua”, apuntó Ponce.
