La iniciativa de Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act, sigue generando preocupación por el impacto negativo que podría producir en la economía del país, y de lo que “solo sería responsable el gobierno de Daniel Ortega”, según el exdiputado Eliseo Núñez Morales.
De aprobarse esta iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, obligaría al país norteamericano a votar en contra de préstamos solicitados por Nicaragua a organismos financieros internacionales. Con dichos fondos externos se sostienen en un 50 por ciento los Programas de Inversión Pública de Nicaragua.
Lea también: Lo que Ortega debería hacer para evitar el impacto de la Nica Act
Núñez manifestó que es muy optimista creer que aunque sea aprobada esta ley, el país tendrá cinco años para mantenerse con reservas de créditos ya adquiridos, como lo valoró el economista Adolfo Acevedo, porque dijo que la incertidumbre económica será lo que cause más daño por el retiro de la inversión privada.
Además, Núñez explicó que adicionalmente hay una serie de empréstitos (fondos pendientes en las entidades de crédito) que no están contratados o asegurados quinquenalmente y quedarían sin ser desembolsados.
Le puede interesar: 10 razones por las que los congresistas de EE.UU. introdujeron la Nica Act
“Estos empréstitos son por ejemplo, los que el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) ha venido dando a Nicaragua, que son una especie de fondo de libre disponibilidad, que los viene dando desde hace tres o cuatro años”, explicó Núñez.
El exdiputado agregó que hay muchos créditos que aunque ya estén aprobados, pudiesen tener condicionalidad posterior.
Una amenaza
La Nica Act también supone una amenaza para el Tratado de Libre Comercio (TLC), agregó Núñez, porque esta iniciativa establece una revisión de las prácticas de libertad sindical y “de descubrirse que hay violaciones a la libertad sindical, entonces esto tendrían que ver con el TLC”.
Núñez responsabiliza a Ortega de los efectos de la Nica Act, porque considera que responsabilizar a quienes denuncian y hacen oposición “es como que se responsabilice a la víctima por haber ido a un callejón oscuro a que la asaltaran y no se culpe al asaltante”.
Lea además: Amcham pide “medidas” para que no pase la Nica Act
La Nica Act es una forma de sanción al gobierno de Ortega hasta que haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.
Francisca Ramírez pide patriotismo a diputados
Francisca Ramírez, líder campesina que lucha por la derogación de la Ley del Canal Interoceánico (Ley 840), exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional que así como firmaron una declaratoria en rechazo a la nueva versión de la Nica Act, también lo hagan para respaldar la demanda de miles de campesinos que piden que la ley canalera sea eliminada, porque considera que la Ley del Canal también es una violación a los derechos humanos y a la soberanía nacional.
Los campesinos marcharán nuevamente el próximo 22 de abril en Juigalpa, Chontales, en el Día Internacional de la Tierra, contra la Ley del Canal que implica la concesión de la construcción de un Canal Interoceánico a un empresario chino, lo que los críticos señalan que afectaría las reservas naturales que queden a su paso en la ruta y también han hecho el análisis de que es una entrega de la soberanía al empresario chino Wang Jing.
Apoyan propuesta de excontralor
Por otra parte, Violeta Granera, coordinadora del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), calificó de viable la propuesta que este jueves hizo el excontralor de la República Agustin Jarquín, de reducir de tres a un año lo planteado en el Memorándum de Entendimiento firmado el pasado 28 de febrero entre el gobierno de Ortega y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para restablecer la democracia en el país.
“Nos parecen interesantes las propuestas del excontralor Agustín Jarquín, las vamos a analizar y las vamos a incluir en la agenda del FAD porque hay muchas coincidencias entre esas propuestas y las que hemos hecho”, expresó Granera.
Lea también: “Si hay que buscar un responsable de esta iniciativa: ese es el presidente Ortega”
El excontralor Jarquín, entre las propuestas que hace al Ejecutivo y a la OEA, también están la independencia de los poderes del Estado, la derogación de la Ley 840, que desaparezca el sectarismo partidista y que se regrese la personería jurídica al MRS, la UDC y el PAC.
El primer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Óscar Sobalvarro, está de acuerdo con la propuesta de reducir de tres a un año los plazos que plantea el Memorándum de Entendimiento, para restablecer la democracia en el país, pero más importante para él es la materialización de los acuerdos que garanticen elecciones libres y justas el próximo 5 de noviembre, entre estos la depuración del padrón electoral.
Nicaragua se ha venido “preparando”
El economista Néstor Avendaño afirmó que desde octubre, posterior a la aprobación de la primera versión de la Nica Act, el Gobierno de Nicaragua se ha venido preparando para hacerle frente a la sequía financiera que podría llegar junto con la ratificación definitiva de una legislación que frene los desembolsos de importantes financiadores de proyectos públicos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM).
Avendaño explica que desde que el BM clasificó a Nicaragua como un país de ingreso medio bajo, se abrió la opción de obtener financiamiento no concesional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde el país tendría “recursos a su favor” por el orden de unos mil millones de dólares.
Le puede interesar: Asamblea de Ortega sacó “patriotismo” ante iniciativa de Nica Act
“Hay mil millones de dólares en el BCIE y entre octubre e inicios de este año el Gobierno de Nicaragua ya había contratado 600 millones de dólares, previendo la aprobación de la Nica Act”, explicó Avendaño vía telefónica en marzo.
En la página web del BCIE aparecen como los proyectos aprobados más recientes para Nicaragua: la rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y construcción de pasos a desnivel en Managua, por hasta 105 millones 470 mil dólares.
Cambió lógica de la ley
El exdiputado Eliseo Núñez Morales diferenció la iniciativa de Ley Nica Act anterior con la de ahora, porque explicó que antes la lógica propuesta establecía que si no restablecían la democracia y el respeto a los derechos humanos en el país, se castigaba con la sanción económica, pero ahora se castiga con la sanción económica hasta que el gobierno de Daniel Ortega restablezca la democracia y la institucionalidad del país.
En mi opinión como campesina y como gente organizada, considero que eso es una amenaza (el Nica Act) para todos los nicaragüenses, también deberían de valorar esos diputados que para los nicaragüenses y los miles de campesinos también la Ley del Canal es una amenaza”.
Francisca Ramírez, líder campesina.Esto (la Nica Act) deja claro que el autoritarismo no es una apuesta de largo plazo, que no podían ir creyendo que solo la parte económica era suficiente, y quienes apostaron a que si las cosas económicas estaban bien, la institucionalidad no importa, básicamente esto les está enseñando que esa política podría ser un fracaso”.
Eliseo Núñez Morales, exdiputado opositor.
