Como se sabe, un grupo de 25 congresistas norteamericanos, republicanos y demócratas, introdujeron al Congreso de su país una nueva versión de la denominada Nica Act. Esta iniciativa se refiere a que si el Gobierno de Nicaragua incumple una serie de requisitos, los EE.UU. se opondrían a la aprobación de nuevos préstamos a Nicaragua por parte de los organismos multilaterales de crédito.
Sin embargo, con los préstamos anteriormente aprobados, el Gobierno de Nicaragua aún contaría con recursos suficientes para financiar el Programa de Inversión Pública por un buen número de años. También cuenta con un préstamo del BCIE para enfrentar contingencias de liquidez de corto plazo. Por ello es que, en mi opinión, el efecto más adverso de la Nica Act no vendría por la contracción inmediata del desembolso de préstamos, sino por el enorme grado de incertidumbre que conllevaría, por sí misma, la aprobación de esta ley.
Más allá de la aprobación de la Nica Act, mucho dependerá del grado de endurecimiento de la política exterior de los EE.UU., que podría ir más allá de lo establecido por la Nica Act. Recuérdese que la Administración Obama forzó a que se pospusiera la aprobación del préstamo de políticas por US$65 millones de parte del BID en noviembre y diciembre de 2016, aun cuando la primera versión de la Nica Act no se hubiese convertido en ley.
Si los EE.UU. finalmente llegan a definir una política mucho más dura hacia Nicaragua, el hecho de que se acrecienten las tensiones con la mayor potencia del planeta generaría una gran incertidumbre y el capital, o se congelaría —adoptando una postura de “esperar para ver”— o buscaría cómo escapar.
Lo que provoca la caída de la economía es, en gran medida, la caída de la inversión privada. La inversión privada es el componente más incierto y volátil de la demanda agregada, porque depende de los “animal spirits” de los inversionistas. Dado que una decisión de inversión significa inmovilizar importantes sumas de capital por un plazo indeterminado, en presencia de incertidumbre los inversionistas reaccionan de inmediato posponiendo las decisiones de inversión.
Un examen de las recesiones muestra que el componente de la demanda efectiva que más cae durante una recesión, siempre, es la inversión privada.
Si eso ocurre en nuestro país como resultado de la aprobación de la Nica Act, es muy probable que se produzca una masiva desaceleración, o una contracción económica. Esto implicaría que la recaudación fiscal se quedaría corta con respecto a lo proyectado y habría que recortar el gasto público.
Para evitar una caída mayor en las reservas internacionales que la que se produjo en 2016, el Gobierno tendría que recortar aún más el gasto y/o incrementar la recaudación, revisando exenciones y exoneraciones y/o aumentando impuestos (esto es, aumentaría más su ahorro), con el propósito de transferir recursos al BCN.
Dado que el crédito interno neto del BCN se contraería, y quedaría por debajo de la demanda por dinero, la liquidez se contraería. Los bancos del SFN con seguridad también restringirían o contraerían el crédito.
Ante la incertidumbre, con toda probabilidad los agentes privados también ahorrarían. Debe recordarse que distintos sectores de la empresa privada han reportado una caída de sus ventas en lo que va de este año, lo cual significa que esta restricción adicional del gasto privado empujaría aún más hacia abajo a una economía que al parecer muestra algunos signos de debilidad.
Por estas razones, aun con los préstamos ya aprobados, la economía podría entrar en recesión, o se desaceleraría drásticamente.
Hay que tomar en cuenta, además, que debe hacerse frente al acelerado deterioro de las finanzas del INSS, que por sí mismas implicarían implementar medidas restrictivas y reformas draconianas. Sobre la inversión privada, tampoco debe olvidarse que la construcción privada acumuló cinco trimestres de caída, el último de 2015 y los cuatro de 2016.
(*)Economista
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