El gobierno de Daniel Ortega envió una carta a los participantes del XV Encuentro del Consejo Político de los miembros del Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), donde expone su rechazo a la iniciativa de Ley Nica Act, que pretende imponer sanciones económicas a Nicaragua, si Ortega no restablece la democracia y el respeto a los derechos humanos.
El encuentro de los miembros del Alba se está realizando esta semana en La Habana, Cuba. En la misiva, dirigida al canciller cubano, Bruno Rodríguez, y a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, Ortega y su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada del país, condenan esta iniciativa de Ley impulsada por 25 congresistas estadounidenses.
La Nica Act persigue que todos los préstamos en beneficio del Gobierno del designado presidente Daniel Ortega, ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por EE.UU., “excepto por razones humanitarias o para promover la democracia en Nicaragua”.
El voto de Estados Unidos es decisivo para la aprobación de préstamos ante los organismos financieros multilaterales, Nicaragua depende de esa ayuda. La medida legislativa podría ser suspendida a menos que el gobierno de Ortega promueva avances significativos y creíbles en el restablecimiento de la democracia y la independencia de los poderes del Estado, actualmente bajo el control de la familia gobernante Ortega-Murillo.
“El Gobierno de Nicaragua reafirma su categórico rechazo y condena a la irracional y desequilibrada pretensión injerencista de un grupo de retrógrados congresistas norteamericanos que persisten en el afán, maligno y siniestro, de bloquear económicamente a nuestro país”, dice la misiva.
El Consejo Político del Alba está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada.