Como se veía venir, finalmente se presentó en Estados Unidos la nueva versión de Nicaragua Investment & Conditionality Act (NICA).
Esta nueva iniciativa se presenta como un mecanismo de presión internacional para que en Nicaragua el gobierno del presidente Daniel Ortega restablezca diversos fundamentos de la democracia representativa que su modelo de gobierno ha desplazado.
En principio, no deberíamos celebrar estas medidas que reducirían los flujos económicos provenientes de organismos financieros multilaterales. En síntesis, la reducción de flujos de dinero de apalancamiento para nuestra pequeña economía, implica menos proyectos o, la eliminación de los mismos, sean estos públicos o privados.
El solo hecho de la noticia, impone un sensible nerviosismo en actores económicos privados locales y extranjeros, resultando en toma de decisiones más cautelosas o, un alto en cuanto a continuar invirtiendo en el país.
Por consiguiente, la cuasi paralización de flujos de dólares provenientes de organismos multilaterales, así como de la empresa privada nacional y extranjera, indudablemente que ocasionaría la suspensión y/o eliminación de proyectos que se encuentran en tubería y, muy probablemente, el desinterés por nuevos proyectos.
Por tanto, es inevitable que esta iniciativa impacte en la masa laboral y, ese impacto laboral, obviamente que representa menor oportunidad para los trabajadores, mayor desempleo, más desesperanza y mayor migración de valiosas manos nicaragüenses, así como la consecuente desaceleración económica.
Por el otro lado, no podemos achacar la autoría a actores internos diferentes de los que gobiernan y, es que es de relevante importancia destacar que, la completa y total responsabilidad, corresponde al gobierno de Nicaragua.
Completa y total responsabilidad del Gobierno de Nicaragua, porque el modelo de gobierno que han impuesto, entre muchos aspectos, ha desarticulado los pesos y contrapesos en los diferentes poderes de Estado; ha destruido la autonomía municipal; ha dejado indefensa a la sociedad, expuesta a resolver sus problemas legales solo con “conectes”; ha desmontado la pluralidad del espectro de ondas, dejando las comunicaciones televisivas y radiales en dos grupos bajo los intereses de este modelo impuesto, otorgándoles a estos el beneficio casi exclusivo del grueso presupuesto de publicidad y propaganda del Estado; ha utilizado multimillonarios recursos para sus intereses personales; ha destrozado el sistema de elecciones libres, transparentes, equitativas, justas y supervisadas, desmantelando completamente la institucionalidad requerida en el Poder Electoral, perpetuando cuatro continuos fraudes electorales; ha promocionado y organizado grupos de choque partidarios que han golpeado y robado a ciudadanos que opinan diferente; ha desmontado la apoliticidad de la Policía Nacional, convirtiéndola en un brazo político-militar que con mucha recurrencia actúa al margen de los procedimientos establecidos por ley, violentando así elementales derechos humanos; ha entregado una concesión canalera desventajosa para Nicaragua, antinacionalista y anti medioambiente, la que amenaza la estabilidad de propiedad y subsistencia de miles de ciudadanos sujetos a ser despojados de sus tierras; ha insertado a nuestro país en una geopolítica internacional ajena a nuestros intereses nacionales, ajena a nuestra idiosincrasia y cultura, plegándose en defensa de regímenes tan deplorables como Cuba, Corea del Norte, Irán, Rusia, Siria y Venezuela e irresponsablemente ha comprometido territorio nacional para operaciones militares y satelitales de potencias extrarregionales; ha manipulado las creencias religiosas, utilizando las imágenes y fervor religioso a favor de su campaña política-partidaria; y, ha alterado las bases constitucionales que prevalecían y que garantizaban un Estado auténticamente democrático, justo y progresista.
Personalmente he creído y, continúo creyendo, que las gestiones del secretario general, Luis Almagro, de la Organización de Estados Americanos (OEA), son un excelente punto de partida para reencausar la democracia, pero, también debo señalar que, ha faltado que fluya información de los avances, si es que los ha habido.
Por tanto, ante la realidad de los acontecimientos, con gran pragmatismo para poder eliminar la aprobación de la Nica Act y desmontar las consecuencias que esta ocasionaría, este gobierno debería considerar que más valen las acciones que la retórica y, debe, ya, dar los pasos en la dirección correcta, al anunciar de una vez por todas los cambios específicos que restablezcan el Estado de Derecho democrático representativo que conquistamos con sangre y pobreza, mismo que ha sido profundamente alterado en los últimos años en nuestro país.
El autor es exdiputado.