Exprocuradores y defensores de derechos humanos consultados por LA PRENSA afirmaron que la revelación hecha por este Diario en la que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) consultan y siguen orientaciones del presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, sobre cómo decidir en un conflicto de propiedad, confirma que la “independencia de poderes en Nicaragua está anulada” y, además, que el tráfico de influencias estaría enraizado en el poder judicial nicaragüense.
Estos mismos problemas fueron incorporados en un informe emitido el pasado mes de marzo por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual concluyó que “en Nicaragua la corrupción institucional y la falta de independencia judicial también deben ser enfrentadas para mejorar los esfuerzos antidrogas”.
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Este informe fue rechazado por la presidenta del poder judicial, magistrada Alba Luz Ramos, quien respondió al ser consultada por el mismo que, “el poder judicial produjo 148,000 sentencias en el 2016 y nadie está llamando a los jueces para que falle en tal sentido, los jueces son independientes y resuelven de acuerdo a las leyes y sus propios criterios. Lo que pasa es que el Departamento de Estado hace sus propias consultas y siempre consulta al mismo grupito de gente que dice lo mismo”.
Ramos y sus colegas Rafael Solís y Francisco Rosales son los magistrados involucrados en la discusión del conflicto de propiedad por la finca Santa Rita de Hato Nuevo, en Chinandega, en el cual estaba interesado el presidente Ortega. Un poco más de mil manzanas de la misma son reclamadas por la familia Navarro Soza, a la empresa Camarones del Pacífico (Campa), donde uno de los representantes es hermano del ministro de Inversiones, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero.
Ninguno de los funcionarios del poder judicial que participó en la conversación quiso pronunciarse sobre este tema, pese a los pedidos de entrevista de LA PRENSA.
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El exprocurador general de la República, Alberto Novoa, manifestó que el caso del conflicto de propiedad por la finca Santa Rita de Hato Nuevo, es una demostración de que la justicia no existe en Nicaragua desde el momento en que se suprime el proceso de ley, para decidir de acuerdo a la voluntad de un poder absoluto que ejerce una persona, en alusión al presidente designado por el poder electoral Daniel Ortega.
“No es nuevo, pero está peor”
Novoa aceptó que esta práctica no es nueva en Nicaragua, pero opinó que en los últimos años, esta se ha incrementado. También dijo que este caso demuestra “de manera contundente” que el poder judicial no tiene autonomía y que “la independencia de poderes está anulada”.
“La independencia de poderes, que está establecida en la Constitución Política, es papel mojado, es cero a la izquierda, no tiene ningún valor, porque independientemente de cuál sea el caso y de quiénes sean los protagonistas, están entrando a un plano donde hay que favorecer o desfavorecer a alguien, sin respetar lo que dice el proceso de ley”, explicó Novoa.
Señalan falta de Independencia Judicial
A propósito del conflicto de Santa Rita de Hato Nuevo, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, refirió que en los últimos años ese organismo ha recibido una serie de denuncias de casos vinculados con el tema de propiedad en los que se confirma el tráfico de influencias y que demuestran que en el país no hay justicia independiente.
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Mencionó como ejemplos, que han conocido casos que habiendo títulos de por medio en las propiedades en litigio los denunciantes aseguran que los han acusado de usurpación del dominio privado, o en su lugar han conocido casos en que una de las partes con sentencia a su favor, lleva hasta diez años sin que pueda hacer valer sus derechos.
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La diferencia con el caso publicado el lunes por LA PRENSA —dijo Carrión— es “la millonada que está de por medio”. Pero revela también, según Carrión, que de acuerdo con el tamaño de la propiedad en litigio, “se van escalando los niveles de influencia”.
Injusticia e impunidad
El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, considera que el manejo dado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es resultado del control existente de los poderes del Estado por parte del Ejecutivo, lo que afecta la institucionalidad.
Menciona como antecedentes el caso conocido públicamente en su momento del despojo de su propiedad al empresario Milton Arcia, “donde se observó la contaminación en el poder judicial”.
“Desde que asumió (Daniel) Ortega hay un poder centralizado en manos de una sola persona. Esto le ha hecho mucho daño al tema de la institucionalidad e independencia de los poderes del Estado entre ellos el poder judicial”, afirmó Leiva, quien consideró que “cuando un poder está centralizado, en principio lo que se promueve es la indolencia, la intolerancia, la injusticia y la impunidad”.
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