“¡Cebollino, hierbabuena, rabanito, le vendoooo!”, anuncia a gritos una robusta mujer entre millares de posibles clientes que transitan sobre el bulevar de la Avenida Cuatro, en pleno centro de San José, Costa Rica.
“¡Culantro, apio, cebollino, hierbabuena¡”, replica con carisma la típica mujer de piel marchita por el sol y delantal ajustado a su cintura. “El cebollino vale 300 colones el moño (unos 15 córdobas), el culantro los tres moños a 500 colones (unos 25 córdobas) y el rabanito a 500 colones”, explica la señora.
Ella es Carla Rodríguez, una nicaragüense de 44 años, originaria del municipio de La Paz, en el departamento de Carazo, y con más de veinte años de ser inmigrante en Costa Rica. Durante sus últimos siete años, cuenta, se ha dedicado a vender en las calles y avenidas más transitadas de San José para llevar el sustento a la familia.
“Idiay, tengo que trabajar porque de esto paso. Otro trabajo no encuentro porque no tengo cédula de residencia. Tengo que hacer el sacrificio para mantener mi hogar. Trabajo desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Si la municipalidad deja trabajar me gano hasta 15 mil colones (750 córdobas), a veces no gano nada porque la Policía Municipal nos persigue”, explica Rodríguez.
“Por uno las pagan todos, la policía nos persigue porque a veces hay algunos que no venden lo que es digamos culantro, sino otra cosa. Uno la anda pulseando, a veces (la Policía Municipal) agrede a los vendedores y eso debería ir en contra de la Ley. A mí me han quitado mercadería pero no me han golpeado. Me gano como 75 mil colones a la semana (3,750 córdobas). Aquí uno sobrevive, no se gana gran cantidad”, lamenta.
Es considerado “gran problema”
Según la Municipalidad de San José, así como Rodríguez, unas cuatro mil personas se dedican a las ventas ambulantes (callejeras), en su mayoría inmigrantes nicaragüenses; un tipo de trabajo informal que parece crecer de la mano del desarrollo urbanístico de la ciudad: entre más zonas peatonales las autoridades construyen, más comerciantes ilegales aparecen.
“Hoy por hoy es uno de los principales problemas de orden público que tiene la ciudad de San José. La nacionalidad de origen de los informales es una de las aristas del problema. Es un problema muy complejo de atender”, reconoce Marcelo Solano, director la Policía Municipal de San José, la institución responsable de limpiar calles y avenidas de la ciudad de este tipo de vendedores.
El centro de la capital costarricense tiene cinco kilómetros de vías peatonales por donde transitan a diario alrededor de dos millones de personas, en una zona bien compacta que también tiene problemas de congestionamiento vial.
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Precisamente ese congestionamiento de personas genera por sí solo un gran mercado para el comercio informal.
Los mercaderes venden discos de películas piratas, calcetines, ropa interior, verduras, frutas, medicamentos de contrabando y hasta comidas típicas nicaragüenses. Este tipo de ventas en la vía pública es prohibida por dos razones: la molestia que provoca a los peatones al obstaculizar el paso y el uso indebido de la vía pública.
“En la medida que los espacios públicos son tomados por los grupos de trabajadores informales, se atenta contra la libertad de los otros ciudadanos que puedan transitar. Entonces la legislación prevé que no puede usarse la vía pública para el comercio privado”, según Solano.
Es por ello que la Policía Municipal, ya sea en patrullas, a pie o en bicicleta, transita por las vías repletas de vendedores para despejarlas y hacer decomisos de mercaderías irregulares en una dinámica que bien se parece al “juego” entre el gato y el ratón.
El problema no es nada nuevo. Lleva más de dos décadas de afectar a la capital costarricense y las únicas acciones municipales no ha sido usar la fuerza policial, sino que ha negociado el traslado de los mercaderes informales a nuevos mercados, al menos cinco en el centro de la capital, pero el problema parece ir en ascenso.
“El trabajo informal fundamentalmente va a estar asociado al desempleo y pobreza como primer elemento. Sin penalizar al trabajador informal también hemos encontrado algunos grupos delictivos que se alimentan de la necesidad del vendedor para construir redes que están al servicio de otros intereses ilícitos”, explica Solano.
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Entre redes ilícitas encontradas por autoridades municipales, destacan grupos mafiosos dedicados a prestarle a los vendedores ambulantes para oxigenar económicamente sus negocios, con precios elevados de intereses y actuando al margen de la ley.
Además, la Policía Municipal ha logrado decomisar pequeñas cantidades de drogas a vendedores ambulantes. También ha detectado moneda falsa circulando.
Es cultural
Según Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses —agrupación que trabaja con migrantes nicaragüenses en algunas comunidades precarias de Costa Rica, en el caso de los vendedores ambulantes informales además de los problemas socioeconómicos—, hay causas culturales porque el nicaragüense es muy dado a trabajar en el comercio ante cualquier posibilidad de desempleo.
Además, muchos nicaragüenses que quedaron desempleados por problemas en la economía costarricense y aquellos que tienen problemas de documentación migratoria, se dedican a esta actividad.
“Si ha sido un proceso de desempleo, subempleo que es un tema que venimos arrastrando desde 2009, entonces la gente lo más fácil que tiene es vender y eso es un tema en el que coinciden los sectores más excluidos y empobrecidos costarricenses y nicaragüenses”, dice Cárdenas.
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“Incluso vemos población establecida en Costa Rica que no está regularizada migratoriamente, como haitianos y colombianos, que están dedicados a ventas ambulantes”, añade.
12,000
intervenciones a vendedores ambulantes hizo el año pasado la Policía Municipal de San José. El promedio actual es entre 60 y 80 decomisos diarios. Al momento de los decomisos a veces ocurren enfrentamientos físicos y verbales entre vendedores y policías, con trifulcas incluidas.
Problema estructural requiere de inversión
Hace cuatro años la Sala Cuarta Constitucional de Costa Rica determinó que el desalojo de las ventas ambulantes de San José es una solución transitoria y por lo tanto el problema requiere un enfoque multidisciplinario y un trabajo coordinado entre la Municipalidad de esta capital, Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Seguridad Pública y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras entidades.
Según Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, luego de varios informes de las diferentes instituciones aludidas, la Sala determinó que el problema es estructural de todo el estado.
Quxabel Cárdenas, directora de la Asociación Enlaces Nicaragüenses, considera que el problema requiere de una gran inversión social del Estado para desincentivar este tipo de trabajos.