Antes de obtener su primer empleo, José García, de 23 años, desconocía cuáles eran los beneficios que debía exigir a su empleador. De lo que sí estaba claro es que conseguirlo le iba a resultar duro, por no decirlo casi imposible, por su falta de experiencia. Su hoja de vida estaba casi en blanco.
Una vez egresado de la universidad, la experiencia que le pedían como mínimo era de dos a cinco años, y en su caso apenas contaba con una pasantía de seis meses en una empresa.
Actividades productivas
La situación de García es una entre 1.4 millones de jóvenes que hasta 2011 (último dato disponible del Instituto Nacional de Información de Desarrollo) formaban parte de la Población Económicamente Activa (PEA) juvenil.
Pero los economistas coinciden en que las autoridades han obviado que el crecimiento económico de un país no solo está ligado a las actividades productivas, sino también el eficiente desempeño de su talento humano, razón por la que los jóvenes juegan un papel determinante y necesitan un marco que regule su primer empleo, así como en otras naciones de Latinoamérica.
Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son algunos de los países que cuentan con leyes específicas para el primer empleo juvenil o bien iniciativas que buscan entender la dinámica variante de ese mercado laboral, según muestra un análisis comparativo de la RedLocal, organización que desde hace cuatro años analiza en Nicaragua ese vacío en el marco regulatorio.
Desde la RedLocal creen que en el país urge una nueva iniciativa de primer empleo juvenil, cuyo objetivo sea promover en las empresas privadas, empresas mixtas y también en las entidades públicas, la contratación de jóvenes.
“No solamente los egresados de las universidades e institutos técnicos, sino también otros jóvenes que se encuentren todavía estudiando en secundaria o en primeros años de la universidad o en carreras técnicas. También jóvenes que estén desvinculados del sistema educativo”, indica un informe de la RedLocal.
En 2012 se impulsó una iniciativa de ley del primer empleo, pero la Asamblea Nacional lo engavetó y actualmente la RedLocal está trabajando en una nueva propuesta de este tipo de ley, con un enfoque que irá más allá del primer empleo entre los jóvenes.
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El peso de una ley para el primer empleo juvenil
Es así que el economista y catedrático, Luis Murillo, plantea que una ley de empleo juvenil es una necesidad que tiene la economía nicaragüense desde hace más de veinte años, por su naturaleza del mercado informal.
“Creo que en nuestro país sí es necesario una ley de empleo para jóvenes, no obstante esta debe complementarse con acciones más sistémicas que incluyan una articulación entre la empresa privada, el Estado y academias”, sostiene el catedrático, quien dice que para ello también hay que estructurar mejores currículos y planes de estudio que desarrollen capacidades y habilidades necesarias al capital humano joven.
Liderazgo
Mientras que la economista Adela Ubau explica que “además de la formación y capacitación técnica, se debe agregar una visión más amplia de empleabilidad que considere la relevancia de promover habilidades más generales para la vida, enfatizando el desarrollo de habilidades de liderazgo, emprendimiento, tecnologías y no solo el hecho de ocupar una plaza de trabajo”.
También Ubau considera que se deberían integrar acciones intersectoriales entre las autoridades del Trabajo y Educación, así como la articulación de entidades normativas y gobiernos locales que empiezan a encargarse de la ejecución de las políticas.
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“La legislación de primer empleo debería comprender básicamente a los jóvenes que nunca han tenido un empleo formal y establecer un plan de inserción adecuada al empleo formal que les permita aprender y acumular experiencia en el trabajo y que al mismo tiempo facilite su contratación en una modalidad de aprendizaje, que adicionalmente podría permitir y promover la culminación de la educación secundaria”, explica Ubau.
Con este tipo de acciones el país se encaminaría a establecer las bases para un desarrollo que sea inclusivo, donde los jóvenes sean actores claves en ese empuje económico.
Un diálogo integral
En este proceso de diseñar una ley del primer empleo con un enfoque inclusivo debe pasar, según la especialista en desarrollo económico Elizabeth Membreño, por un diálogo y consenso social.
“Para alcanzar el impacto deseado, primeramente esta ley debe ser definida como prioridad en la agenda de un diálogo integral y participativo entre los diferentes actores: organizaciones de la sociedad civil, disposición política y empresarial, y una dinámica retroalimentación por parte de las universidades. Sin este diálogo, el proyecto de ley continuará a la espera de ser considerado como relevante en la agenda normativa. Por lo tanto, la propuesta idónea debería ser creada por parte del sistema legislativo, por la importancia del tema”, expone Membreño.
Y para lograrlo recuerda que es necesario fortalecer el sistema de información del empleo juvenil. “Si bien es cierto (este) incluye (actualmente) como acciones las ferias de empleo, programas de pasantías, emprendimiento juvenil, etc., la realidad es que (estas acciones) son insuficientes para responder a las problemáticas mencionadas anteriormente como la informalidad y el desempleo juvenil y a las demandas de trabajo por parte de los empleadores”, agrega Membreño.
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Datos de la RedLocal muestran que de los 1.84 millones de jóvenes que hasta 2015 se proyectaba tenían entre 15 y 29 años en Nicaragua, el 63.8 por ciento labora en su mayoría en el mercado informal, indican en el informe Diagnóstico del desempeño del eje estratégico tres, del Plan Nacional de Empleo y Trabajo Digno y Decente para las Juventudes.
Esta situación amenaza el desarrollo, desempeño y crecimiento de la economía nacional, tanto a nivel micro como macro, concuerdan los economistas consultados.
Para Membreño, todos los países en desarrollo han encontrado la forma de beneficiarse del bono demográfico para asegurar la reducción de la pobreza es una condición casi obligatoria.
“Apostar por formular y modificar los sistemas legislativos imperantes ante esta realidad es una necesidad recurrente de los países donde involucrar políticas de primer empleo, empleabilidad, emprendimiento juvenil, alianzas de inversión en pro de trabajos decentes, políticas de mercado laboral que propicien reducción de desigualdades y discriminación, políticas sobre capacitación y acceso a tecnología de la información entre otros, son elementos que deben ser coherentes en los planes, programas, estrategias, políticas que se transformen en acciones y actividades que cambien el panorama regional y nacional”, explica la especialista.
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En cifras
3.1 millones de personas conforman la Población Económicamente Activa de Nicaragua, según la Encuesta de Empleo que publicó en 2011 el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
1.4 millones de jóvenes forman parte de la Población Económicamente Activa en todo el territorio nacional hasta el 2011.
40 % se estima la tasa de desempleo juvenil en Nicaragua, según la RedLocal con base en información del Inide.
58 % del total de la juventud nicaragüense se encuentra en una situación de subempleo, según cifras oficiales.
La prioridad es articularse con las academias
Para Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, en Nicaragua no necesariamente se necesita una ley del empleo juvenil, sino que más bien se requiere un acuerdo con las universidades de las necesidades que tiene la economía del país y en qué áreas se está creciendo para tratar de contener esa salida de jóvenes al extranjero.
“Es un trabajo que se debe hacer tanto con la empresa privada y con el Gobierno para atacar la informalidad que tanto afecta a todos, y a los jóvenes profesionales aún más porque ellos quieren optar a un empleo formal”, manifestó Mayorga.
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Por su parte, Rodrigo Ibarra, abogado y presidente de Emprendedores Juveniles que ejecuta el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, una medida práctica y viable en el corto plazo es utilizar el marco legal existente para promover el empleo juvenil en Nicaragua, ya que en el país sí existe regulación y políticas que promueven a la juventud.
“Para ello es oportuno que tanto el Estado, la empresa privada así como las organizaciones de la sociedad civil, trabajen de manera articulada para incentivar la inserción laboral de jóvenes en la empresa privada, organizaciones civiles e instituciones públicas, y asumir el reto de capacitarlos para generar nuevos talentos profesionales y optimizar el potencial de los mismos”, agregó Ibarra.
Tendencia mundial
Según el informe: Tendencias mundiales del empleo juvenil, publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo de los jóvenes es una prioridad en la agenda en varios países y muestra de ello es que se incorporó en la Agenda 2030 como una estrategia de desarrollo global.
A criterio de la OIT, con un número creciente de iniciativas a nivel país que involucran varios actores e instituciones del sector público y privado, el enfoque debe ser ahora forjar colaboraciones para una mejor coherencia de las políticas y una coordinación efectiva del empleo juvenil.
También se debe aumentar las inversiones en empleos decentes para jóvenes para asegurar que este segmento poblacional pueda llevar a cabo sus aspiraciones y participar activamente en la sociedad.