El jurista, José Pallais sostuvo que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), Daniel Ortega, “ha soltado a los demonios del miedo disfrazados de policías. Quienes hicieron tranques, para evitar la libre movilización, fue la Policía de Ortega”.
Pallais calificó el comunicado de la Policía Nacional sobre la protesta campesina del sábado como “cinismo absoluto”.
“Es un comunicado cínico porque trata de desinformar y desvirtuar la verdad”, dijo Pallais, al tiempo que señaló que “esta acción —enviar tropas antidisturbios a realizar tranques— es una táctica pensada para crear el terror en la población y frenar la movilización”, sostuvo Pallais.
Líder campesina dice que Policía traicionó a la Constitución
Líderes campesinos del Consejo Nacional por la Tierra, Lago y Soberanía, rechazaron el comunicado de la institución policial, que culpó a este sector de provocar alteraciones al orden público, durante la marcha 87 que los campesinos intentaron realizar el sábado en Juigalpa , en rechazo a la obra canalera y la derogación de la Ley 840.
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“Ese comunicado de la Policía es una traición al pueblo, a la Patria y la Constitución. Ellos traicionan a la Patria y la Constitución al violar el compromiso que hacen cuando juran que servirán a la Patria”, reaccionó Francisca Ramírez, líder campesina.
Pero también Ramírez acusó a la institución policial de crear el caos y obstaculizar sus marchas.
“Es lamentable cómo la Policía y este gobierno diga eso en el comunicado. Aquí los únicos que alteran el orden y ponen tranques para evitar que nos manifestemos pacíficamente es la Policía y el gobierno; eso lo sabe el pueblo. Nos quieren recriminar como que fuéramos unos delincuentes”, cuestionó Ramírez, quién además, dejó en claro que los campesinos siempre piden permiso para manifestarse, pero que esa institución “nos niega ese derecho constitucional”.
Por su parte, Nemesio Mejía, también líder campesino de Punta Gorda, rechazó las acusaciones policiales, mientras aseguró que el permiso fue solicitado y tienen las pruebas de que fue recibido y sellado por la autoridad policial de Juigalpa, Chontales.
“Lo que está haciendo la Policía es violentar nuestro derecho y dar la imagen de que nosotros alteramos el orden, cuando son ellos que nos violentan nuestros derechos a la libre expresión”, expresó Mejía.
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Para el académico y activista de derechos humanos, Uriel Pineda, no existe el concepto de marchas ilegales y explica que condicionar la manifestación y la comunicación a un permiso de la autoridad policial “es equivalente a censurar a la gente”.
Exclusión deliberada
“Cuando un sector va a manifestarse, solamente le informa a la Policía, para efectos de garantizar el orden y la seguridad de quienes se manifiestan y circulan en los espacios públicos”, aclara el defensor de derechos humanos.
Sin embargo, señala Pineda, que tras el accionar de la institución policial existen otros objetivos más graves.
“Hay algo más grave. Los campesinos promovieron una iniciativa para derogar la Ley 840 y no se lo permitieron, recurrieron de amparo ante la Suprema Corte y les niegan el amparo y lo único que les queda para hacer sentir su voz es la manifestación pública y esto también se les niega. Esto es grave porque desde la perspectiva de la gobernabilidad democrática hay una exclusión deliberada que es inaceptable”, resaltó Pineda.