La trayectoria del INSS hacia la insolvencia, puede ser extendida en el tiempo, mediante distintas opciones de política.
1. Una institución fuerte, autónoma y capaz
Reducir el gasto administrativo del INSS y transparentar y establecer reglas y normas claras para el manejo de las inversiones, constituyen un prerrequisito básico para que el INSS se convierta en una entidad creíble para los asegurados, y el país como un todo. Esto debe formar parte de la reconstrucción del INSS como una institución autónoma, fuerte y capaz, enfocada en el cumplimiento de sus funciones y sus objetivos. Pero, en términos de flujos financieros, quizá solo permitiría extender algunos años el plazo para que el INSS se torne insolvente.
2. Cambio en el diseño de pensiones
Según el diseño actual, independientemente de los montos de la pensión que resulten de la aplicación de la fórmula de cálculo establecida, la ley indica que ninguna pensión debe ser inferior al salario mínimo industrial. Alrededor de tres cuartas partes de las pensiones que se pagan, si se calculasen estrictamente conforme a la fórmula establecida, serían inferiores al salario mínimo industrial. Pagar la diferencia significa, para el INSS, un costo financiero elevadísimo.
Por otra parte, se ha restablecido la pensión reducida, para aquellos afiliados al INSS que no hayan logrado completar el número de contribuciones establecido como requisito. Estas medidas tienen como objetivo que las personas no padezcan un total desamparo o pobreza en la vejez y, por su naturaleza, corresponden a la política de protección social del Estado. Lo mismo sucede con las pensiones no contributivas asumidas por el INSS. El INSS representa un esquema de seguro, esto es, de distribución colectiva del riesgo, con algunas características solidarias.
Como tal, el INSS debe financiarse, en lo fundamental, con las primas, aportes o cuotas de los asegurados.
Las pensiones que corresponden a la política de protección social del Estado, es decir, aquellas que corresponden a la responsabilidad que asume la sociedad por sus miembros más vulnerables, deben ser financiadas a cargo del Presupuesto del Estado.
3. Los “cambios paramétricos”
Otra opción está representada por las denominadas “reformas paramétricas”. Entre las reformas propuestas está duplicar el número de cotizaciones necesarias para jubilarse, lo cual extendería el periodo de cotización de 15 a 30 años, aumentar la edad de jubilación hasta los 65 años, incrementar significativamente la cuota del aporte laboral, y calcular la pensión en base al salario promedio de toda la vida laboral.
Estas reformas posiblemente “salvarían” al INSS, pero reducirían a su más mínima expresión el papel del Seguro Social (solo un número extremadamente reducido llegaría a jubilarse, con una pensión mísera, después de pasar el doble de años de su vida cotizando). Tampoco está claro si, bajo este enfoque, se extendería de manera compensatoria el papel de la protección social del Estado en la vejez, como sería su responsabilidad.
4. Cambios en el patrón de crecimiento
El proceso de envejecimiento y la transición epidemiológica representan una pugna, entre la rapidez con que crece el número de adultos mayores y el monto de sus necesidades de sobrevivencia y sus gastos de salud, y la rapidez, mucho menor, con la cual crece el número de personas económicamente activas. Esta diferencia solo puede ser contrarrestada si los ingresos reales de las personas activas crecen con una rapidez mucho más elevada.
Pero los ingresos reales promedio de las personas activas solo pueden crecer con la suficiente rapidez si la productividad media del trabajo en la economía crece de manera acelerada. La condición para que ello ocurra es que el empleo que se genere, en la última fase del bono demográfico, sea, en un porcentaje cada vez mayor, empleo de cada vez mayor productividad y remuneración.
No existe otra manera de enfrentar, en las próximas décadas, el desafío fundamental de la viabilidad del INSS, y del país.
*Economista