La fuerte represión policial impidió que la marcha nacional de los campesinos que demandan la derogación de la Ley 840 (mediante la cual el régimen orteguista ha entregado el territorio y la soberanía nacional a la empresa china HKND, concesionaria del Gran Canal), se pudiera realizar normalmente el sábado 22 de abril en Juigalpa, como lo habían programado sus organizadores.
Para impedir la marcha en Juigalpa, la Policía y grupos civiles afines al Gobierno bloquearon las carreteras, regaron en ellas puntas de hierro para ponchar las llantas de los vehículos e intimidaron y atropellaron a muchas personas, no solo a las que iban a apoyar la movilización campesina sino también a quienes debían trasladarse de un lugar a otro por motivos personales.
Sin embargo, la represión gubernamental causó que la protesta campesina fuese mucho más exitosa de lo que se esperaba, ya que la movilización se multiplicó en todos los lugares donde la Policía puso los tranques. Además, la protesta fue fortalecida con la presencia de quienes no pudieron circular en las carreteras o tuvieron que esperar mucho tiempo para que les permitieran pasar. Toda esa gente se sumó de hecho a la movilización campesina, que adicionalmente, por la aparatosa represión, tuvo una gran repercusión nacional e internacional por medio de los informativos convencionales y las redes sociales.
Algunos dirigentes políticos y analistas democráticos consideran que Daniel Ortega manda a reprimir las manifestaciones populares porque tiene miedo a que crezcan y se conviertan en una fuerza social avasalladora que lo pueda sacar del poder.
En realidad, psicólogos políticos y sociales que analizan el comportamiento de los dictadores absolutistas a lo largo de la historia, explican que estos por lo general padecen una perturbación mental llamada paranoia del poder, que los hace sentir miedo a cualquier movilización opositora. Creen que cada protesta es parte de un complot contra ellos y que si no las reprimen temprano, más tarde podrían convertirse en una revuelta o una revolución democrática que los desaloje del poder.
Sin embargo, lo que está muy claro y se pone en evidencia con cada gran despliegue represivo como el del sábado pasado contra el movimiento campesino que demanda la derogación de la Ley 840, es que Daniel Ortega no es un demócrata, él es un dictador compulsivo que no tolera la libertad de expresión y el derecho de manifestación pacífica pública.
En las circunstancias actuales, cuando en el Congreso de los Estados Unidos está en proceso la ley Nica Act que tiene el objetivo de sancionar al régimen orteguista por sus atropellos sistemáticos a la democracia, Daniel Ortega debería mostrar sensatez y por lo menos respetar el derecho a la protesta pacífica pública de los ciudadanos nicaragüenses. De esa manera podría debilitar los argumentos de los promotores de la Nica Act, pero la verdad es que no puede controlarse y él mismo, con su arrogancia política y sus acciones represivas, alienta la aprobación de las sanciones estadounidenses.