Ayer 25 de abril se cumplieron 27 años del histórico cambio de gobierno que puso fin a la primera dictadura de Daniel Ortega y comenzó la transición a la democracia, bajo la presidencia de doña Violeta Barrios de Chamorro.
Fue aquella una triple transición, según la acertada definición de Antonio Lacayo, cerebro político y brazo ejecutivo del gobierno de doña Violeta: de la dictadura a la democracia, de la economía centralizada a la de libre mercado, y de la guerra y el odio entre nicaragüenses a la paz y la reconciliación nacional.
La transición debió ser auspiciada internacionalmente, mediante los Acuerdos de Esquipulas II, los cuales siguen teniendo validez política y jurídica pero desde 2007 se dejaron de cumplir y respetar en Nicaragua.
Sin embargo, si bien la transición democrática necesitó el amparo internacional porque de otra manera hubiera sido imposible alcanzar la paz y emprenderla, su principal fuerza de sustentación fue el factor nacional, la voluntad política de los nicaragüenses que se manifestó principalmente y de manera irrefutable en las cruciales elecciones del 25 de febrero de 1990.
Por definición, la transición es un proceso histórico más o menos largo y muy complicado, durante el cual un régimen autoritario que fue instaurado por medio de la fuerza y se ejerció al margen de la ley, o con base en sus propias leyes dictatoriales, es sustituido por un sistema político que se basa en la voluntad general, se regula mediante leyes ajustadas a derecho y es ejercido en forma democrática y respetuosa de los derechos humanos.
La transición es exitosa si logra crear y consolidar una institucionalidad democrática robusta y duradera, sustentada en un constitucionalismo consensuado. La cual no se construye con facilidad y su éxito depende de que las dos grandes partes involucradas —es decir, los representantes del anterior régimen autoritario y los de las fuerzas democráticas que lo derrotaron—, trabajen lealmente para alcanzar los objetivos generales comunes sin perjuicio de que mantengan sus diferencias políticas y compitan cívicamente por encabezar el Gobierno.
Precisamente la gran debilidad de aquella transición y la causa principal de que se frustrara a medio camino, fue la falta de lealtad de uno de sus principales actores, el Frente Sandinista acaudillado por Daniel Ortega, que en realidad no tenía voluntad de contribuir a la creación de un nuevo orden democrático, que solo se acomodó y aprovechó que se había quedado con los principales recursos y resortes del poder real, para recuperar fuerzas a fin de reconquistar el poder y restablecer el régimen autoritario, como en efecto lo hizo.
Pero también en el sector democrático hubo graves fallas, tanto de comprensión política y manejo de la estrategia y la táctica de la transición, como de falta de lealtad y moralidad, de traición y una desmedida corrupción que le hizo más fácil a Ortega y el FSLN la tarea de recuperar el poder y restaurar la dictadura.
Esto hay que tenerlo presente. Los errores deben ser reconocidos para no repetirlos en el futuro, cuando haya que acometer la tarea de la nueva transición democrática que tarde o temprano se planteará en Nicaragua.