Representantes de organizaciones ganaderas acusan al Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia), de “inclinar la balanza” a favor de la industria cárnica en el proceso administrativo que llevan desde octubre pasado en contra de cuatro mataderos, a los que acusan de manipular el precio de la carne en detrimento de los intereses de productores y consumidores. La institución dice que el proceso continúa abierto.
“Dentro del proceso una prueba determinante era una inspección ocular y pericial de los libros o de la contabilidad de los mataderos donde se puede demostrar la manera en la que ellos pagan a los productores, pero eso fue rechazado por Procompetencia”, dijo Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).
Según Vargas dicha inspección ha sido solicitada nuevamente porque es determinante. Permitirá demostrar cómo los cuatro mataderos, señalados de realizar prácticas anticompetitivas en contra de los ganaderos, se ponen de acuerdo para pagarle a los productores precios menores a los que deberían con respecto a los ingresos que perciben por la venta de la carne en el mercado internacional.
“El dictamen de Procompetencia no debería ir en contra de ciento cuarenta mil productores y más de cinco millones de consumidores nicaragüenses para beneficiar a cuatro mataderos locales. Creemos que esta es una oportunidad de Procompetencia para demostrar la objetividad y el profesionalismo que ellos tienen en estos casos”, advierte Vargas.
Disparidad
Según Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), la decisión de negar la inspección ocular demuestra que “los dados? están cargados y hay una parcialidad de Procompetencia”. Además explica que mientras a nivel internacional el precio de la carne se ha reducido en alrededor del 12 por ciento, el que pagan estas empresas por el ganado se ha mermado en cerca del 32 por ciento, mientras que el precio de la carne que paga el consumidor se ha mantenido al alza.
Pero según datos publicados por el Banco Central de Nicaragua, la libra de posta de res (la de mayor consumo a nivel nacional y la que se toma de referencia en la canasta básica), se mantuvo entre 81.81 y 86.17 córdobas durante 2016, un nivel que hasta enero de 2017 conservaba.
Para Healy la decisión de los mataderos de pagar menos por el ganado, es para compensar el incremento de los costos que les generó la decisión de ampliar la capacidad de matanza, que “hoy por hoy no está siendo sostenible”. Y esta merma en el precio, que el productor recibe por su ganado, ha provocado que el sector deje de percibir unos 63 millones de dólares al año.
Vargas y Healy coinciden en que el interés no es forzar a la industria a que fije precios, sino que tomen como referencia los del mercado internacional para fijar la paga y que el ganadero reciba precios más justos. Además, reiteraron el llamado a resolver este conflicto con la industria a través del diálogo.
Según los productores la inspección ocular y pericial es un derecho que otorga la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia.
Tema abierto
El presidente de Procompetencia, Luis Humberto Guzmán, al conocer los señalamientos de los ganaderos se limitó a decir que “es facultad del juez decidir sobre ese punto” y al cuestionarle si existe la posibilidad de que se ordene la inspección dijo que “el tema está abierto”.