Los bajos salarios, sumados a la precariedad laboral y a una elevada informalidad, llevan a millones de mexicanos a una situación dramática: trabajar por unas ganancias diarias que no les dejan escapar de los tentáculos de la pobreza.
“Llegamos a un 1 de mayo en un escenario en el que crece la precarización del trabajo, se pierde estabilidad en el empleo, se trabaja con salarios que en muchos casos se maquillan, y con un sindicalismo desarticulado”, dijo a Efe el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alfonso Bouzas.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicó en el 3.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en marzo pasado, su tasa más baja desde hace una década.
No obstante, la población subempleada -la que tiene necesidad de trabajar más horas- fue del 6.5 por ciento, y la informalidad alcanzó el 56.8 por ciento.
Salario mínimo más bajo
Uno de los principales problemas es el salario mínimo mexicano, uno de los más bajos de América Latina con 80.04 pesos diarios (unos 4.25 dólares).
Dicho salario “está por debajo de la línea del bienestar (…). Al final, lo que vemos es que en México existe esta condición; uno puede trabajar a tiempo completo y seguir siendo pobre”, denunció a Efe el director ejecutivo de Oxfam México, Ricardo Fuentes.
En 2014, esto situó al 46.2 por ciento de los mexicanos -55.3 millones- en situación de pobreza, dos millones más que en el estudio de 2012, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“La informalidad puede ser una causa de precariedad, pero también tenemos empleos formales que son precarios, porque los sueldos son muy bajos y no alcanzan de alguna manera a satisfacer las necesidades básicas”, señaló la profesora-investigadora Graciela Bensusán, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Perdió poder adquisitivo
El salario mínimo, ligado hasta enero de 2016 a precios, tarifas, multas y otras variables, perdió dos terceras partes de su poder adquisitivo desde los años 80 a la fecha, remarcó la doctora en Ciencias Políticas.
Para el abogado laboralista y economista Arturo Alcalde, uno de los mayores problemas es que las políticas públicas “no están orientadas” a promover el empleo de calidad, sino a fomentar las exportaciones.
Ello no ha beneficiado a una mayoría porque “hay pocas ramas de la industria” dedicadas a ello, y no están necesariamente “conectadas con el resto”.
Además, los acuerdos planteados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en empleo, salario y condiciones “no se cumplieron”, agregó.
No se redistribuyen ganancias
Tampoco se redistribuyen las ganancias: “Los capitales son cada vez menos y más gruesos, y la población gana cada vez menos”, advirtió Bouzas.
El caso más conocido es el del magnate Carlos Slim, el sexto hombre más rico del mundo en 2017, según Forbes, con 54,500 millones de dólares.
En la teoría, México tiene unos “estándares teóricamente altos” y el derecho al trabajo es reconocido constitucionalmente, pero la legislación tiene “un nivel de cumplimiento muy bajo”, afirmó.
En este contexto, los especialistas consideran que los sindicatos no cumplen su papel. Alrededor del 9 por ciento de la población ocupada está sindicalizada, una tasa “muy baja”, advierte Bensusán, quien considera que este no es el mayor problema.
Muchas veces empleadores eligen sindicatos
“Peor aún es la calidad de esta sindicalización y de la contratación colectiva”, pues a menudo el sindicato es elegido por el empleador, indicó.
Positivamente, la especialista aplaudió la “extraordinaria” reforma laboral aprobada el 24 de febrero pasado, si bien todavía faltan los reglamentos.
Entre otros puntos, esta traslada la justicia laboral del ámbito del Ejecutivo al poder judicial -con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de tribunales-, también contempla el voto secreto para la elección de dirigentes y favorece la contratación colectiva. En síntesis, busca favorecer el Estado de derecho, celebró Alcalde.
Paradójicamente, esta reforma no nació desde el sector trabajo mexicano, sino de una exigencia al país por parte del Gobierno estadounidense de Barack Obama para la entrada de este último al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
El mismo acuerdo del que salió el nuevo presidente, Donald Trump, poco después de asumir su cargo el pasado 20 de enero.