Corte internacional condena al Estado de Nicaragua

Corte internacional condena al Estado de Nicaragua

Corte-IDH señala que Estado de Nicaragua violó derecho de acceso a la justicia en caso de homicidio

30/04/2017

El sepelio de Francisco García Valle, a quien mataron en Bluefields, fue realizado en el cementerio general de Managua, el 10 de abril del 2002. LA PRENSA/CORTESÍA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) responsabilizó al Estado de Nicaragua por violación del derecho de acceso a la justicia en contra de María Luisa Acosta, en el caso de homicidio de su esposo Francisco García Valle.

“Nicaragua tuvo una insuficiente respuesta investigativa y judicial respecto del homicidio de Francisco García Valle, esposo de la defensora de derechos humanos María Luisa Acosta Castellón”, concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia, según un comunicado de ese tribunal publicado este sábado en su sitio web.

Acosta que lleva más de 15 años en espera de justicia, confirmó que fue notificada de la sentencia.

El argumento de la Corte-IDH

“Espero que se haga justicia no solo por la memoria de mi esposo, por mí y mi familia, la familia de él, sino por la impunidad que hiere a la sociedad nicaragüense cada vez que un juez deja impune un crimen”, reaccionó Acosta.

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“El juez instructor no investigó, de manera seria, diligente y completa, la hipótesis que indicaba que el señor García Valle pudo haber sido asesinado por personas cuyos intereses podían verse afectados por las actividades de defensa de pueblos indígenas realizada entonces por la señora Acosta”, dice el comunicado en referencia a la sentencia.

María Luisa Acosta junto a su esposo Francisco García Valle. LA PRENSA/CORTESÍA

Para Acosta, “esto revela que el sistema judicial nicaragüense está cada vez más desacreditado, lo cual es grave”. En su caso, apunta, no se trata solo de la actitud de un juez sino de todo el sistema porque hubo una serie de recursos que ella introdujo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “cerró filas con lo que este juez parcializado hizo, en una forma de no dejar mostrar ningún interés de redireccionar, de actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley; más bien apoyó a un juez que no era un juez probo y por ende a dos personas que había pruebas contundentes (en contra de ellas)”.

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Acosta señala que el arma con que mataron a su marido era propiedad de uno de los sospechosos intelectuales y que el hombre que lo mató era chofer y guardaespalda del primero.

Antecedentes del caso

La abogada María Luisa Acosta Castellón es reconocida defensora de derechos humanos, particularmente de los pueblos indígenas en Nicaragua. El 8 de abril de 2002 halló muerto a su esposo, en su domicilio en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Refiere la Corte-IDH que en la fase instructiva del proceso penal, Acosta manifestó que el homicidio podía tener relación con la asesoría legal que ella brindaba en ese momento a comunidades indígenas, que afectaban los intereses de dos personas, a quienes ella señaló como posibles autores intelectuales.

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El caso que defendía en esa ocasión Acosta estaba relacionado con la venta de los Cayos Perlas, que ella denunció y demandó una investigación. “El juez hizo oídos sordos y me empezó a investigar, empezó a hostigarme junto con ellos (los denunciados)”, sostuvo Acosta.

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“El juez a cargo de la fase instructiva obstaculizó la participación de la señora Acosta durante esta etapa del proceso y, poco más de un mes después de ocurrido el homicidio, dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los presuntos autores intelectuales, decisión que no fue modificada por las instancias superiores a pesar de haber sido objeto de numerosos recursos y apelaciones”, apunta la Corte-IDH.
Por tanto, “es una cosa juzgada fraudulenta”, expresó Acosta, quien señala que esto demuestra que estas personas nunca fueron juzgadas.

No hubo investigación

“En definitiva, la respuesta investigativa y judicial del Estado no constituyó una explicación satisfactoria, suficiente y efectiva para establecer toda la verdad sobre los hechos. Por tales razones, la Corte consideró que el Estado es responsable por haber incumplido su obligación de garantizar los derechos de acceso a la justicia y a conocer la verdad, lo que conlleva una violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de la señora Acosta y otros familiares del señor (Francisco) García Valle”, sostiene el tribunal internacional.

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