Después de transcurridos los primeros 100 días del gobierno del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aún no se conoce su política hacia América Latina. Sin embargo, la política del Congreso estadounidense hacia Nicaragua sí se puede ver con bastante claridad.
Como es conocido, el 5 de abril 25 diputados estadounidenses bipartidistas (15 republicanos y 10 demócratas), presentaron ante el Congreso una nueva iniciativa de la ley Nica Act, más dura que la anterior, la cual tiene el objetivo de sancionar al régimen de Daniel Ortega por sus atropellos a la democracia. 23 días después, el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, presentó la misma iniciativa ante el Senado. Esto significa, según los conocedores del sistema político y procedimiento legislativo de EE.UU., que hay un interés especial en acelerar la aprobación de dicha ley.
En Nicaragua, en los sectores más directamente interesados hay divergencia en cuanto a los efectos que tendría la Nica Act. Los representantes de las cámaras empresariales y algunos analistas temen que las consecuencias podrían ser negativas para la economía nacional, ya que la Nica Act apunta a que EE.UU. condicione los créditos de organismos financieros internacionales al cumplimiento de las reglas de la democracia y la transparencia, por parte del régimen de Daniel Ortega.
Pero el régimen orteguista minimiza las consecuencias que traería la Nica Act. El ministro para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, general retirado Álvaro Baltodano, declaró enfáticamente que “nosotros podemos decir con seguridad que la inversión va a seguir llegando y que el empleo va a seguir creciendo”. El alto funcionario económico del régimen orteguista ni siquiera estima necesario un plan B del Gobierno para enfrentar la Nica Act. “Tuvimos crisis económica en 2008 y 2009 y salimos adelante. Tuvimos problemas de un waiver de la propiedad y la economía se ha transformado, tenemos tratados de libre comercio importantes y tenemos una serie de condiciones que son muy favorables para atraer inversiones”, dijo tranquilamente el general Baltodano.
Desde otra perspectiva, el exembajador de Nicaragua en la ONU, Julio Icaza Gallard, explicó después de que el senador Cruz introdujo en el Senado la iniciativa de ley Nica Act, que “los efectos más graves e inmediatos no serán en el campo económico, sino en el político y moral, por los detalles que seguramente saldrán a luz sobre la amplitud y profundidad de la corrupción en Nicaragua”.
De manera que ya sea que la Nica Act tenga consecuencias económicas negativas, como temen los empresarios, o que apunte al tema de la corrupción y la falta de transparencia en el Gobierno y el Estado de Nicaragua, a Daniel Ortega le conviene preocuparse.
El dictador Ortega todavía está a tiempo de comprometerse a una transición de retorno a la democracia y así evitar la (para él) ominosa ley Nica Act.