La decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro de convocar a una asamblea nacional para modificar la constitución desató el martes nuevas manifestaciones contra el gobierno, que no ha logrado apaciguar las tensiones políticas que ya entraron en su segundo mes y que han dejado 29 muertos. Centenares de opositores bloquearon algunas vías del este y oeste de Caracas con barricadas que generaron fuertes congestionamientos de vehículos en varios puntos de la ciudad.
“Estaremos en las calles hasta que el Estado entienda la inconformidad con la Asamblea Constituyente”, dijo Jorge Luis Olivares, un economista de 55 años, mientras caminaba frente a una barricada levantada por un grupo de vecinos con restos de basura y escombros en medio de una avenida que comunica el este de la capital con la localidad de El Hatillo.
“La gente desea un cambio más rápido”, agregó Olivares al asegurar que el proceso constituyente podría extenderse por 25 meses y que los “venezolanos no estamos dispuestos a esperar tanto tiempo”.
“Una gran batalla”
La coalición opositora llamó el martes a nuevas protestas en todo el país para hacer frente a la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que considera un “fraude” a la constitución y el “golpe de Estado más grave” de la historia del país sudamericano. Asimismo, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, convocó a una sesión especial para decidir las nuevas acciones que desarrollará en el país y el exterior.
El mandatario instó la noche del lunes a sus seguidores a emprender una “gran batalla” para avanzar en la elección de los candidatos que integrarán la Asamblea Constituyente para “reconstituir y perfeccionar la patria y la constitución”. Al explicar los alcances del proceso Maduro dijo que se buscará ampliar el sistema judicial, promover nuevas formas de “democracia participativa” y garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.
El abogado Hermann Escarrá, cercano al oficialismo, negó que el proceso implique una sustitución de la constitución de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez y planteó, en una entrevista en la televisora estatal, que se buscará adecuar el texto constitucional a las “nuevas realidades”.
Escarrá explicó que la Asamblea Nacional Constituyente estará dirigida por el presidente de la comisión presidencial y actual ministro de Educación, Elías Jaua, quien se encargará de consultar a todos los sectores en un plazo “no mayor a 15 días” para presentar un documento que servirá de base para la elección de los miembros de esa asamblea.
Pero el abogado y académico José Ignacio Hernández dijo a The Associated Press que de acuerdo con la “fraudulenta” interpretación que realizó Maduro de la constitución, el Congreso y el resto de los poderes no podrán impedir ni controlar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Hernández indicó que esa situación será utilizada por el gobierno para consolidar la “usurpación de funciones” del Legislativo.
El académico agregó que este proceso le permitirá al gobierno diferir las elecciones regionales, pendientes desde el año pasado, y cualquier otra elección hasta que se apruebe una nueva carta magna. Maduro adelantó que la Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por 500 miembros, de los cuales la mitad serán elegidos por los gremios de trabajadores y las comunidades y el resto en estructuras territoriales que no precisó.
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El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, descartó que el anuncio de Maduro vaya a desviar a la oposición de los objetivos que se planteó a fines de marzo, cuando comenzaron las protestas en todo el país, y llamó a los venezolanos a rebelarse y presionar desde las calles la realización de elecciones generales, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos y el respeto a la Asamblea Nacional.
La oposición ha acusado a Maduro de utilizar a los poderes Judicial y Electoral para postergar las elecciones y evitar una derrota ante el creciente descontento hacia el gobierno por la crisis que enfrenta el país.
