Desde 2000 ha sido la dictadura quien ha boicoteado los procesos electorales. Parcialmente por ello, las próximas elecciones municipales de noviembre, padecen del desaliento popular. Este sentimiento lesionará o favorecerá a la dictadura, dependiendo de los próximos hechos políticos
por los sucesivos fraudes; las arbitrarias destituciones de no menos de veinte alcaldes, reemplazados por comisarios políticos; el aniquilamiento de la autonomía municipal; la constante lesión financiera a las alcaldías no orteguistas; la anulación de la autoridad municipal; el ocultamiento de información financiera de proyectos a concejales opositores y más, han convertido a los gobiernos municipales en rehenes del orteguismo y el próximo, en un proceso electoral inocuo. O sea, ha sido la dictadura quien ha afectado estas elecciones municipales, para convertirlas en una farsa electoral más.
La Ley Electoral indica que los partidos políticos que participen en elecciones municipales deberán presentar sus directivas departamentales y municipales y estar admitidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE) seis meses antes. Esta cantidad aproximada de personas asciende a unas 1,750. Nunca creeré que el Apre, el PLI, el ALN, ni el Partido Conservador tienen esa organización. El PLC sí.
Carecen de personería jurídica el Movimiento de Unidad con Dignidad; Ciudadanos por la Libertad; el Partido de Acción Ciudadana, el MRS. El FAD sostiene que no hay condiciones para las elecciones de noviembre. La sociedad civil espera que estas condiciones sean revertidas para participar, pero dudo que la sociedad civil dé su respaldo a los partidos autorizados por el CSE. Este concederá personería jurídica a uno, no porque quiera concedérsela, sino porque lo necesita.
El abstencionismo será peor, y porque las condiciones creadas por el orteguismo no permiten la participación de la oposición, ningún partido puede derrotar a la dictadura. El actual es su estado electoral ideal. Nunca se expondrá a situaciones como febrero de 1990. Actualmente en Nicaragua a los partidos políticos autorizados, la dictadura los designó como adversarios, para que compitan por “la segunda fuerza”. El poder no está en juego. Así decían en los ochenta.
El estratega militar Sun Tzu afirma que quien sostenga el poder debe evitar la unidad de sus adversarios o enemigos; por ello la dictadura le tiene espanto a la unidad del pueblo opositor.
Los abusos y arbitrariedades de la dictadura del segundo semestre de 2016 le produjeron dos violentos vientos alisios, OEA y Nica Act. Si cede o no lo demandado por el pueblo, insertado en la Nica Act, la dictadura tiene una espada en el pecho. Aislado por Europa; seguramente aislado por América tras el inevitable desenlace de Caracas, acelerará su crisis.
Las secciones 3 y 4 de la Nica Act coinciden con nuestra Constitución y leyes; elecciones libres, transparentes y observadas, en la Ley Electoral; develación y castigo a los corruptos y cómplices, en la Ley de Probidad; independencia de los poderes, respeto a los derechos humanos y políticos, transparencia fiscal, desmontaje de la estructura monopartidista, restitución del principio de no reelección presidencial, y de magistrados.
La Nica Act amenaza a la dictadura con la oposición de Washington a préstamos favorables en organismos financieros si no revierte inmediatamente las condiciones que ha impuesto. Si Ortega no cede, él será culpable del infortunio popular. Si cede, perderá las próximas elecciones generales.
Las elecciones de noviembre son el presagio de un desafío mayor para la dictadura. Queda un poco más de un mes para que ceda. Si las elecciones de noviembre son nuevamente una farsa caerá la Nica Act, y la dictadura padecerá un período difícil. El pueblo le pasará la cuenta y será el tiempo de atacar.
El autor es abogado y Notario.