Con base en el excelente análisis sobre la accidentalidad laboral, por Yohany López, del diario La Prensa del 1 de mayo, ese reportaje puede servir para iniciar un debate nacional sobre tres perspectivas: 1) El grado de efectividad real de la superestructura actual para controlar y reducir sosteniblemente los percances laborales; 2) Los posibles cambios o reformas en las leyes y mecanismos que rigen el sector (618 de Higiene y Seguridad del Trabajo), así como el Código Penal, entre otras, para convertirlas en verdaderos disuasivos preventivos; y 3) El rol deseable y protagónico que debieran adoptar los empresarios, más allá de las palabras, poses y manicuradas declaraciones de relaciones públicas.
Tomando en consideración que la 618 tiene ya 10 años, sería mínimamente esperable la reducción de la accidentalidad, no obstante, en el reportaje referido, la simple observación del período 2012-2016 (anuario estadístico del INSS), indica que el porcentaje relativo de estos —como ratio del número de afiliados— se mantiene invencible alrededor del 5.0 por ciento, con reducciones que no superan un décimo de punto en el periodo más inmediato, (2016 vrs 2015), lo cual, visto en forma objetiva y desapasionada, no representa ninguna mejora.
Es simple interpretar que esta serie de simples estadísticas —y muchas más que se pueden extrapolar de sus interrelaciones, tales como los crecimientos marginales de cada factor considerado— indican que no hay iniciativas preventivas eficaces, lo cual es justo lo que ha llevado a tener esos resultados.
La viñeta publicada en ese útil reportaje (2016 vs 2015), evidencia técnicamente la misma situación de un año a otro en la tasa de accidentabilidad por cada mil asegurados expuestos, igualmente para las tasas de incapacidad, accidentes leves, así como mortalidad, lo cual refleja un preocupante incremento en el número absoluto de accidentes de trabajo.
La información está basada considerando únicamente el número de afiliados al INSS, por lo cual, para nadie es un secreto que un porcentaje sustantivo de la fuerza de trabajo en los sectores más riesgosos (construcción, minería, agricultura), carece de afiliación a dicha entidad, siendo “normal” que estos operarios puedan sufrir percances sin que sean contabilizados, lo cual es un factor contribuyente que siempre adicionará eventos a la pirámide oculta de percances laborales, especialmente en Nicaragua, en donde la informalidad es una situación “formalmente típica” que invisibiliza la epidemia de infortunios en el trabajo.
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Considerando que cualquier fenómeno social es naturalmente sistémico en todos sus alcances, debiéramos promover un debate crítico sobre aquellos factores que podrían transformarse para lograr una verdadera reducción de estas tragedias, ya que las cifras actuales indican que estamos ante más de lo mismo —poco involucramiento e interés genuino de las gerencias generales; enfoques de solución “tipo aspirina”, mayoritariamente metodologías simplistas sin dotación de recursos suficientes; baja preparación técnica y empoderamiento del personal de las comisiones mixtas; ausencia de rigor en la imposición del Código Penal como consecuencia indudable de las responsabilidades compartidas en caso de fatalidades; desincentivación o lentitud extrema para las víctimas en los procesos legales; mediación y pago por lesiones como metodología “rápida” patrocinada por el mismo sistema judicial, prelación administrativa de incentivos a la producción en detrimento de la Seguridad; planteamiento de enfoques no-integrales sin considerar las ventajas de los sistemas de gestión como el nuevo ISO 45001— que nos seguirá llevando a la repetición de circunstancias y eventos, que lejos de reducirlos, los oficializará, como en la contabilidad de algunas empresas, que mantienen una provisión financiera para los “gastos por accidentes”, lo cual es en sí misma, una muestra de la cínica decisión consciente de no querer cambiar esta situación.