El Consejo Supremo Electoral (CSE) ha otorgado personería jurídica al Partido Ciudadanos por la Libertad —de ideología liberal— y al Partido de Restauración Democrática, de confesión cristiana evangélica. Ahora ambos partidos podrán participar con su propia marca en los comicios municipales de noviembre.
El otorgamiento de la personalidad jurídica a estos partidos no ha sido una graciosa concesión del todopoderoso régimen orteguista. Todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho de formar partidos políticos y estos de tener personería jurídica, de acuerdo con lo que manda la Constitución y garantizan los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Este derecho también pertenece a los partidos MRS, UDC, PAC y MUD, pero el orteguismo no se los reconoce. Inclusive, los tres primeros ya tenían personería, pero el régimen de Daniel Ortega se las arrebató o suspendió dictatorialmente, mientras que al MUD, que es de nueva formación, no se le ha querido atender su solicitud.
Por otra parte, no es cierto que el otorgamiento de la personalidad jurídica a CxL y el PRD constituye un paso importante en dirección a reconstruir la institucionalidad democrática del país. Está bien que esos partidos adquieran su personería jurídica y que sus afiliados y simpatizantes tengan por quienes votar en las municipales de noviembre. Pero eso no significa que la situación política y las condiciones electorales del país han cambiado y que ahora se puede confiar en que las elecciones serán auténticas, transparentes y confiables.
La misma presidenta de Ciudadanos por la Libertad, señora Kitty Monterrey, dijo al recibir la personería jurídica que el hecho de que hoy sean partido “no es suficiente, falta mucho por hacer para que los nicaragüenses recuperemos el derecho a elegir”. Y mencionó Monterrey las diversas reformas legales, políticas y técnicas necesarias para garantizar “que estas elecciones puedan realizarse en condiciones de transparencia”.
Con CxL y PRD son 19 los partidos políticos que tienen personería jurídica. Pero casi todos son de membrete, no existen en la realidad, solo sirven para que sus socios vivan del presupuesto público y que el régimen orteguista simule que el sistema político de Nicaragua es pluralista, cuando en realidad es restrictivo, inclusive con rasgos de partido único para los efectos más importantes.
El pluralismo partidista es la manifestación de la diversidad política de la sociedad y su reconocimiento por el Estado democrático garantiza que los ciudadanos participen —por medio de los partidos de su preferencia— en la vida pública del país, en la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad y, sobre todo, en la formación del gobierno votando y eligiendo en elecciones competitivas y limpias que garantizan la alternabilidad en el poder, tanto de personas como de partidos.
Pero esto no existe en Nicaragua. Con el régimen orteguista no hay en el país una verdadera democracia, sino un poder cerrado, autocrático y dictatorial.
