La insolvencia financiera —que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) enfrentará el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2019— ha sido creada por una conjunción de erróneas decisiones políticas del gobierno sandinista y una mala administración del Seguro Social, según han advertido especialistas nacionales, que esperan no se castigue más a los asegurados.
Entre estos factores políticos, económicos y administrativos se incluyen la aprobación de pensiones reducidas, el creciente pago a víctimas de guerra, la cada vez más amplia planilla del Seguro Social, los bajos salarios y alta informalidad del mercado laboral nicaragüense y la opacidad en las inversiones de la institución.
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El FMI le ha recomendado al Gobierno de Nicaragua radicales medidas para salvar al INSS, entre las que sobresalen: aumentar la edad de jubilación, incrementar el aporte mensual de los trabajadores y elevar las semanas cotizadas mínimas para obtener una pensión, según una declaración del organismo, divulgada en Washington.
Irreparables
José Dolores Gómez, especialista en temas de Seguridad Social, concluye en su último análisis sobre el INSS que “las decisiones ‘políticas’ del actual gobernante, al autorizar por sí y ante sí, la pensión reducida y continuar pagando e incrementando las pensiones a víctimas de guerra y pensiones especiales, ya tocaron fondo y los resultados o consecuencias ya son irreparables”.
“Aunado a lo anterior, una administración politizada, que derrocha los recursos de los asegurados y que no practica una sana administración financiera, se agrega a descalabro de las finanzas del INSS”, continúa Gómez en sus conclusiones basadas en datos desde el 2009 al 2016.
Para el también analista financiero, “las reformas administrativas y legales (del INSS) se vuelven de suma necesidad y urgencia. Pero aplicar medidas que castiguen más a los asegurados, manteniendo el mismo estado de cosas, no debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia”.
Más víctimas de guerra
Gómez ya destacaba en julio de 2016, en un reportaje de LA PRENSA, que detrás de la crisis financiera del INSS existía un factor meramente “político” como es el incremento en el pago de pensiones de guerra. Entre 2007 y 2016 se pasó de 19,073 pensionados bajo esta modalidad a 32,191.
Para el especialista, era “inconcebible” que en época de paz se dé este aumento. “¿Cómo se da esta situación cuando la guerra quedó muy atrás? Nuevamente el factor político”, comentó Gómez, en esa ocasión.
El pago de estas pensiones le costaron al INSS 901.2 millones de córdobas el año pasado, según el anuario estadístico de la institución. “El monto promedio por pensión alcanzó la suma de 2,120.19 córdobas, superior en 4.8 por ciento al registrado en el año 2015”, según el documento.
El también especialista en temas de Seguridad Social, Manuel Israel Ruiz, ha mencionado en varias ocasiones que esas pensiones a víctimas de guerra se financian con el 1.5 por ciento que aportan los empleadores, aunque los beneficiarios de ese tipo de pensión siguen en aumento: en 2016 se agregaron 1,184 pensiones nuevas de esta modalidad.
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Pensión reducida
Otro factor político que mete presión a las finanzas del INSS son las pensiones reducidas, que en 2013 fueron aprobadas por el Gobierno —a través de un decreto presidencial— para aquellas personas de la tercera edad que no pudieron completar las 750 cotizaciones mínimas para optar a una pensión.
En 2016, de las pensiones de este tipo acumularon 42,946, que representaron un desembolso de 1,347.41 millones de córdobas. El año pasado se otorgaron 7,390 nuevas pensiones reducidas de vejez.
A ese número se deben agregar 1,268 pensiones reducidas de viudez u orfandad, que se pagaron en 2016.
“Ha resultado una carga financiera que tiende a colapsar todo el sistema. La pensión reducida tiene un origen de oportunismo político”, comentó Gómez, para un reportaje de LA PRENSA.
En su último análisis, el especialista resalta que la carga por las pensiones reducidas y víctimas de guerra, “que no corresponden al INSS, sino al Estado, ascendieron en 2016 a la suma de 78.4 millones de dólares. Una carga imposible de soportar a una institución que se rige por beneficios partidarios y no por una sana práctica administrativa y financiera”.
Altos gastos administrativos
La abultada planilla del INSS es otro elemento que erosiona la solvencia financiera de la institución. Hasta diciembre pasado el Seguro Social tenía 4,090 empleados permanentes, casi el doble de los que había en 2010, cuando eran 2,398. En 2015 la nómina fue de 3,686 asalariados, según los anuarios estadísticos de esos tres años.
El incremento no solo se ha limitado al número de empleados, ya que los altos salarios entre 2010 y 2016 muestran un aumento del 920.56 por ciento. Según los anuarios oficiales del INSS, en 2010 un total de 259 empleados ganaban más de 20,000 córdobas mensuales, cifra que el año pasado llegó a 2,644 trabajadores.
Esto contrasta con el salario promedio que devengaron los asegurados activos del INSS el año pasado, que fue de 9,385.5 córdobas.
“Favores políticos”
Gómez, en su último análisis del INSS, resalta que estos 2,644 empleados, que representan el 65 por ciento del total, reciben además “un doble aguinaldo y prestaciones sociales extraordinarias”.
El analista agrega que “en la actual administración ‘política’ del INSS se percibe un propósito de favorecer a una masa de empleados, que ingresaron con esta administración y que por lo tanto, son favorecidos por cuestiones políticas. No caben por lo tanto, prácticas administrativas de austeridad, eficiencia y eficacia”.
Opacidad en inversiones
El INSS ha cambiado su estructura de inversiones, aunque lo ha hecho hacia un sector que, según Gómez, “infortunadamente” es “de alto riesgo y falto de liquidez”.
De acuerdo con el análisis del especialista, las inversiones en valores del Banco Central de Nicaragua (BCN) y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) más Certificados en el Sistema financiero Nacional (SFN), se ubicaban en 2011 en 521.9 millones de dólares y para finales del 2016 fueron “inmensamente reducidos a tan solo 138.0 millones, con una caída de 383.9 millones, equivalente al 74 por ciento”.
En cambio, los préstamos y participaciones del 2010 fueron de 50.6 millones de dólares y para el 2016 se incrementaron a 263.9 millones, un aumento del 421 por ciento. “Este rubro de alto riesgo y falto de liquidez, representa el 66 por ciento del total de inversiones”, señala Gómez.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA han revelado un turbio esquema de financiamiento del INSS a privados. Este Diario ha comprobado el vínculo del Seguro Social en varias construcciones de condominios, aunque la ley del INSS (decreto 974) no faculta a los funcionarios de esa institución para hacer este tipo de inversiones con recursos de los asegurados.
Urgen cambios reales
El especialista José Dolores Gómez expresó en un análisis sobre la situación del INSS que si bien urge una reforma al sistema de Seguridad Social, “aplicar medidas que castiguen más a los asegurados, manteniendo el mismo estado de cosas, no debe ser aceptado bajo ninguna circunstancia”, refiriéndose al manejo político y discrecional de las finanzas del INSS. Según datos oficiales, la oblación Económicamente Activa supera los 3.2 millones de personas, mientras que los afiliados activos al INSS apenas llegan a 900 mil, lo que evidencia la precariedad de empleos en que se desempeña la mayoría de ciudadanos.