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Defensores de los derechos civiles afirman que las víctimas y los testigos son detenidos de forma innecesaria. GETTY IMAGES

“Me tuvieron bajo el mismo techo que el del hombre que quería matarme”: qué es la orden de detención de testigos del siglo XIX que se sigue usando en EE.UU.

Los policías no podían decirle por qué había una orden de detención en su contra. Apenas le informaron que el fiscal había pedido su captura. Tuvo que esperar hasta que la asistente del sheriff leyó la orden de detención y quedó sorprendida por lo que halló.

Marc Mitchell estaba trabajando cuando la policía llegó a arrestarlo, el pasado abril, en un hotel de Nueva Orleans (EE.UU.) donde trabaja como encargado de mantenimiento.

Lo esposaron en frente de los clientes y del resto del personal y lo llevaron a la cárcel.

Los policías no podían decirle por qué había una orden de detención en su contra. Apenas le informaron que el fiscal de distrito había pedido su captura. Tuvo que esperar hasta que la asistente del sheriff en la cárcel leyó la orden de detención y quedó sorprendida por lo que halló.

“Ella me dijo: te trajeron aquí como testigo”, recordó Mitchell.

Mitchell era una víctima, no un sospechoso. Su hoja de detención mostraba que había sido arrestado con una orden para testigos materiales, un instrumento polémico usado para detener a testigos y a víctimas en los casos en que los fiscales temen que no se presentarán al juicio.

Los asesinatos

En julio de 2014, Mitchell y su primo estaban en una cancha pública de baloncesto cuando se hallaron en medio de una disputa con Gerard Gary, el líder de una pandilla local.

Gray le ordenó a Jonterry Bernard, uno de sus hombres, que los matara a ambos. Bernard entró en el parque y disparó 28 veces.

Mitchell, de 41 años de edad, fue herido en el pecho y en una pierna. Estuvo hospitalizado un mes. Su primo, Chris Chambers, fue herido en el cuello y casi muere desangrado en el lugar.

En marzo de 2015, ambos testificaron voluntariamente en el juicio de Bernard, quien fue sentenciado a 100 años de cárcel.

En abril de 2016, Gray iba a ser juzgado y Mitchell había sido convocado nuevamente para aportar evidencia.

Gerard Gray y Jonterry Bernar fueron condenados por intento de asesinato.
Gerard Gray y Jonterry Bernar fueron condenados por intento de asesinato. HANDOUT

Él firmó la citación que legalmente le obligaba a acudir a la corte, pero le dijo al fiscal del distrito que no quería seguir ayudándoles a preparar su caso porque le preocupaba su seguridad. “Ellos no me estaban cuidando nada”, dijo.

A la oficina del fiscal le preocupó que no quisiera testificar. Por ello, consiguieron la orden de captura. Así, cinco días antes del inicio del juicio, Mitchell se encontró bajo arresto en la cárcel local, bajo el mismo techo en el que se hallaba el hombre contra el cual iba a testificar y quien ya una vez había ordenado matarle.

Captura de testigos

Las órdenes para detener a testigos materiales datan de inicios del siglo XIX, cuando retener a los testigos que habían abandonado la jurisdicción antes del juicio podía implicar un largo camino de un día a caballo.

Estas órdenes permitían a las autoridades poner bajo llave a los testigos materiales según su conveniencia.

El uso esporádico de este tipo de medidas causaba poca controversia en Estados Unidos hasta los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando las autoridades convirtieron esta herramienta en una forma de detener a los sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo sin disponer de una causa probable.

En los días siguientes a los ataques, al menos 70 hombres fueron detenidos como testigos materiales mientras el Departamento de Justicia buscaba evidencias en su contra, según un informe de Human Rights Watch.

Un tercio de estos detenidos estuvo tras las rejas durante más de dos meses, algunos sobrepasaron los seis meses y uno pasó más de un año en prisión.

Alguien detenido con una orden de detención de testigos materiales puede, en teoría, permanecer retenido de forma indefinida y en la mayor parte de los estados no se garantiza la protección de sus derechos constitucionales básicos -algo de lo que sí disfrutan los sospechosos bajo arresto- como, por ejemplo, el derecho a contar con un defensor públicos o el derecho a ser presentado ante un juez.

“Los jueces emiten estas órdenes a menudo basados únicamente en la palabra del fiscal de distrito”, dijo Ronald Carlson, profesor de derecho en la Universidad de Georgia.

“Creo que la gente estaría muy sorprendida si supiera que un acusado tiene derecho a la designación de un abogado en un caso de un delito grave, pero que ese derecho no existe en muchas jurisdicciones cuando se trata de testigos materiales”, agregó.

Motocicleta de la Policía de Nueva Orleans.
Nueva Orleans es la ciudad del país con mayor cantidad de encarcelamientos. GETTY IMAGES

El distrito de Parish Orleáns, donde reside Mitchell, se asienta en la ciudad que pone a más personas presas y en el estado con mayor número de detenciones de Estados Unidos.

La oficina del fiscal de distrito dice que no lleva un registro de las órdenes de detención contra testigos materiales, pero una ONG local, Court Watch NOLA, realizó una investigación y halló al menos 30 casos ocurridos el año pasado.

En uno de ellos, una mujer que fue violada resultó detenida por ocho días después de negarse a cooperar con la fiscalía. En otro caso, una víctima de violencia doméstica estuvo detenida seis días.

Ambas víctimas estuvieron detenidas en la misma cárcel que su presunto victimario.

“El grado de trauma creado por estar detenido en el mismo lugar que tu agresor es una gran preocupación para nosotros”, dijo Simon Levine, director ejecutivo de Court Watch NOLA.

Explica que al no contar con el derecho automático a un abogado, “con frecuencia la única persona que le dice a la víctima por qué está detenida y cuáles son sus opciones es el funcionario policial”.

Esa fue la situación en la que se encontró Marc Mitchell aquel día en la cárcel del distrito de Orleans, un establecimiento que enfrenta un juicio del Departamento de Justicia por las malas condiciones, la falta de personal suficiente y los altos niveles de violencia.

“Ese no es un lugar seguro para nadie. Mucho menos para un testigo”, afirmó Levine.

“Temí por mi vida”

Orden de detención contra MItchell.
La fiscalía del distrito logró que un juez emitiera una orden de arresto contra Mitchell pese a que él era una víctima.

Mientras esperaba por su celda, Mitchell llamó a su novia desde el teléfono de la cárcel. Ella se puso frenética preguntándole si le pondrían algún tipo de protección, pues sabía que estaba en la misma prisión que Gray, a quien los fiscales luego describieron en el juicio como “el líder de una de las bandas más mortíferas de la ciudad”.

“Temía por mi vida. No estaba seguro allí y no contaba con una custodia que me protegiera. Era el peor de todos los mundos. A mi compañero de celda sólo se le permitía salir de ella para ducharse”, comentó.

Mitchell no podía pagar la fianza que le habían puesto de US$50.000, por lo que se enfrentaba a la posibilidad de permanecer detenido hasta que empezara el juicio cinco días más tarde. O más aún si se producía algún retraso en el proceso.

Afortunadamente para él, tenía un amigo que trabajaba en los tribunales que logró ver al juez del caso, Laurie White, al día siguiente.

La juez White le dijo a la BBC que la oficina del fiscal de distrito había presentado a Mitchell como alguien con alto riesgo de fuga y que incluso aseguraron que ya había comprado un billete de autobús para abandonar la ciudad.

La solicitud de la orden de captura describía un encuentro con Mitchell y lo presentaba como alguien que no cooperaba, pero no mencionaba que en esa misma reunión él había firmado una citación legal que le obligaba a presentarse ante el tribunal el día del juicio.

Un portavoz de la oficina del fiscal de distrito dijo que Mitchell había amenazado varias veces con no presentarse, algo que él niega.

“Esa fue una novedad para mí y no sabía nada de ningún billete de autobús”, dijo.

“Tenía toda la intención de testificar. No había ninguna necesidad de haberme encerrado”, agregó.

La juez White revirtió la orden contra Mitchell y él fue liberado.

Cuatro días después de ser liberado, Mitchell fue despedido de su trabajo y aún sigue sin empleo.

“Incluso unos pocos días en la cárcel pueden destruir la vida de alguien”, afirmó Colleen Kane Gielskie, portavoz de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en Nueva Orleans.

“Eso tiene un efecto cascada. Puedes perder el empleo, la custodia de tus hijos, todo tipo de cosas que pueden tener consecuencias duraderas”, agregó.

Un acto de equilibrismo

“Nadie disfruta pidiéndole a un juez una orden de detención para arrestar a una víctima o a un testigo”, le dijo a la BBC el fiscal del distrito de Parish Orleans, Leon Cannizzaro.

Leon Cannizzaro
Leon Cannizzaro defiende el uso de las órdenes de detención contra testigos como un último recurso para proteger el juicio.

Señaló que usa la detención como un último recurso.

En el caso del caso de la víctima de violación identificado por Court Watch NOLA, dijo que los medios para llevarla a testificar fueron agotados ante de decidir detenerla.

“Hicimos lo que consideramos apropiado para proteger el caso y condenar a alguien a quien considerábamos un criminal violento”, dijo.

Cannizzaro agregó que respeta la posición de quienes defienden los derechos de las víctimas, pero se niega a renunciar al uso de las órdenes de detención de testigos.

“Esto es lo que yo le digo a las víctimas: dame la oportunidad de ayudarte. No te limites a poner la denuncia, huir y pensar que de forma mágica el hombre malo va a ser automáticamente condenado y enviado a prisión. Nuestro sistema no funciona así”, apuntó.

Pero los críticos dicen que las órdenes de detención son un collage de distintas leyes estatales y que la falta de transparencia sobre estas medidas las hace susceptibles de abuso.

“Traer a los testigos al tribunal es un acto de equilibrismo que puede resultar muy costoso para el ciudadano que atestigua o sufre un crimen cuando se le dice que va a quedar arrestado hasta que se realice el juicio”, dijo el profesor Carlson.

En el caso de Marc Mitchell ese acto de equilibrismo le costó su empleo, pero él tuvo suerte de contar con amigos que pudieron solicitar su libertad ante un juez en su nombre. Sin contar con el derecho a un abogado o a ver a un juez, no existen garantías para las víctimas y los testigos.

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