Desde 2007 se ha producido un crecimiento exagerado de los gastos generales y administrativos, que han pasado de representar el 7.5 por ciento de los Ingresos por Cotización en 2006 al 12.9 por ciento de los mismos en 2016.
En segundo lugar, y sobre todo a partir de 2013 se pone de manifiesto un empeoramiento considerable de los ingresos financieros netos por inversiones que, de crecer a una tasa promedio anual del 16.7 por ciento medidos en dólares en el periodo 2006-2013, pasan a decrecer a una tasa promedio anual del menos tres por ciento después de 2013.
Esto refleja un empeoramiento claro de la calidad de las inversiones efectuadas, asociado a una absoluta falta de transparencia en el manejo de las mismas. Esto indica que resulta indispensable una reducción drástica en los gastos administrativos, y una mejoría significativa, y una absoluta transparencia, en la gestión de las inversiones.
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Otra medida que contribuyó a anular los efectos de la reforma efectuada en 2013 fue la restauración de la pensión reducida, a raíz de la demanda de la Asociación del Adulto Mayor. Todo esto ha empeorado de manera clara la situación financiera del INSS, contribuyendo a que, en 2016, después de las reformas de 2013 orientadas a evitarlo, de nuevo la insolvencia del INSS se proyecte para 2019, el mismo año en que había sido proyectada en 2010 por Troncoso Consulting, antes de las reformas.
Si bien lo anterior empeoró la situación financiera del INSS y ha acelerado en varios años su arribo a la insolvencia, la raíz última fundamental de la trayectoria que, ceteris paribus, de cualquier manera, conduciría a esta entidad a la insolvencia, se encuentra en el hecho de que los pagos por prestaciones y pensiones han estado creciendo a una tasa más rápida que los ingresos por cotización. Esto se pone de manifiesto en el hecho de que el pago de pensiones y prestaciones se incrementó desde un 73.2 por ciento de los Ingresos por Cotización en 2006 al 94.9 por ciento de los mismos en 2016.
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De hecho, a esta misma conclusión llegaron los Estudios Actuariales efectuados en 2004-2006, los cuales, suponiendo gastos administrativos razonables y rendimiento de las inversiones adecuado, proyectaban que el INSS sería insolvente en algún año de la década de 2020. Si se mantiene lo demás constante, el crecimiento del pago de pensiones y prestaciones, en lugar de desacelerarse, se acelerará, en la medida en que ha comenzado a acelerarse el proceso de envejecimiento (la fase final del bono demográfico es al mismo tiempo una fase de transición más o menos rápida a la fase avanzada de envejecimiento ), y la transición epidemiológica asociada a este.
De hecho, las últimas proyecciones sociodemográficas muestran que el proceso de envejecimiento en Nicaragua está más avanzado de lo que anteriormente se estimaba. El proceso de envejecimiento y la transición epidemiológica representan una pugna, que deberá afrontarse por el INSS y por la política de Protección Social del Estado, entre la rapidez con que crece el número de adultos mayores y el monto de sus necesidades de sobrevivencia y sus gastos de salud, y la rapidez, mucho menor, con la cual crece el número de personas económicamente activas.
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Esta diferencia solo puede ser contrarrestada si los ingresos reales de las personas activas crecen con una rapidez mucho más elevada. Pero los ingresos reales promedio de las personas activas solo pueden crecer con la suficiente rapidez si la productividad media del trabajo en la economía crece de manera acelerada. La condición para que ello ocurra es que el empleo que se genere, en la última fase del bono demográfico, sea, en un porcentaje cada vez mayor, empleo de cada vez mayor productividad y remuneración. Pero, al contrario de ello, el tipo de empleo que genera de manera predominante nuestra economía es empleo precario e informal, de muy baja productividad y remuneración.
*Economista