Crisis del Seguro Social coloca a trabajadores en la indefensión

Los trabajadores afiliados al seguro social están indefensos con el actual modelo de consenso para establecido por el gobierno analizar situación del Inss

Seguro social

Edificio del Instituto Nicaragüense de Seguro Social. LA PRENSA/ARCHIVO

Los trabajadores cotizantes al seguro social están en completa indefensión  ante la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, debido a que se encuentran al margen de toda la discusión sobre como enfrentar la problemática, coincidieron especialistas en la defensa de los derechos humanos consultados por LA PRENSA.

«Los trabajadores están indefensos porque los sectores sindicales, llamados a representar sus intereses, finalmente se dedicarán a legitimar lo que al régimen le interesa. Así es que funcionan los regímenes corporativos, anulando cualquier espacio de participación auténtico e independiente», considera el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda.

Sobre la validez de los tres sectores (Gobierno, empresa privada y sindicatos) que han anunciado que deberán analizar la situación de INSS, ante la crisis que atraviesa y que ha sido  expuesta una vez más tras una visita de una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI),  Pineda aclara que «en un país de vocación democrática, ante una crisis del sistema de seguridad social es natural que se involucre a estos actores para la construcción de una solución».

Sin embargo, señala el académico, «en Nicaragua los únicos interlocutores sociales reconocidos por el régimen, son aquellos que legitiman su actuar, eso es un régimen corporativista».  Esto implica, que estos «más que representar sus propios intereses, representan los intereses del régimen y por lo tanto, la solución que presentarán, será la que el régimen quiere o necesita».

Pineda recuerda que hay un derecho humano fundamental asociado a esta situación como es la rendición de cuentas. «Los fondos del INSS nos pertenecen a todos los asegurados, los malos manejos deben ser aclarados y los responsables deben enfrentar la justicia. Tal vez el problema del INSS sea en parte estructural por los bajos salarios y la alta tasa de desempleo abierto, pero también es innegable que hay malos manejos y corrupción que han afectado el patrimonio de todos», recordó Pineda.

Debe haber una auditoría

El secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) y abogado laboralista, Álvaro Leiva Sánchez, indicó por su parte que anteriormente él había advertido una probable crisis en el INSS, de no hacerse las medidas correctivas de inmediato en cuanto a la fiscalización de la administración de esta institución.

El INSS debería ser sometido a una auditoría pública por la Contraloría General de la República (CGR) recomendó Leiva Sánchez, quien considera que mientras no exista la voluntad de hacer un reporte que refleje cuál es la verdadera situación de los activos y pasivos en esa institución, no se puede determinar la verdadera crisis que existe.

«Se han dedicado a hacer politiquería, contrataciones sin respetar la Ley de Previsión, asignarse megasalarios, a no dedicarse a la misión y visión por la cual hoy deberían estar enfocados los funcionarios que dirigen esta cartera», criticó Leiva Sánchez.

Trabajadores fuera del modelo de consenso

El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, también cuestionó la forma de buscar solución «a un problema gravísimo del INSS», al margen de los cotizantes, «pues la plata corresponde a la clase trabajadora y los sectores que discutirán las medidas que deben adoptarse no son los representantes idóneos de los asegurados pues están cuestionados porque ellos no han cuidado nuestro patrimonio».

«Ese modelo de consenso no es representativo (…) de la clase trabajadora», insistió Carrión, quien preguntó ¿cuándo han sido consultados los cotizantes que el INSS hará un préstamo millonario? Y señaló que en esa institución a «cualquier privilegiado se le ocurre montar un negocio con la plata nuestra y diríamos se malversan los fondos, pues es sin rendición de cuentas». Para Carrión, lo que ocurre en el INSS es un atentado al derecho humano de los afiliados de la seguridad social.

Para Carrión el hecho que se anuncie como probables alternativas aumentar la edad de jubilación y las semanas cotizadas como sugiere el FMI, «debería generar un conmoción grande a todos los afiliados».

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