El reinicio, en el Congreso de los Estados Unidos, del proceso conducente a la aprobación de la Nica Act, ha despertado preocupación en diversos sectores del país por las consecuencias negativas que su aprobación tendría para el pueblo nicaragüense.
Como lo han señalado reconocidos especialistas en temas económicos, el simple hecho del reinicio del proceso, con respaldo bipartidista, genera una incertidumbre capaz de desestimular la inversión extranjera.
Por otro lado, el hecho que algunos organismos financieros multilaterales hayan aprobado recientemente varios préstamos millonarios para Nicaragua, no excluye la posibilidad, más adelante si se aprueba la Nica Act, que los desembolsos sufran retardos o complicaciones, dada la gran influencia que el Gobierno de los Estados Unidos tiene en esos organismos.
Todos sabemos que la Nica Act no es más que la respuesta de los legisladores estadounidenses al desmantelamiento de la institucionalidad democrática que Daniel Ortega ha llevado a cabo, sistemáticamente, desde que regresó al poder en 2007.
El proceso de concentración del poder, la ausencia de un verdadero Estado de Derecho, la falta de independencia de los poderes del Estado y su consecuente partidarización, los sucesivos fraudes electorales que han confiscado al pueblo nicaragüense el derecho a elegir libremente a sus autoridades, la violación de los Derechos Humanos, la represión de las marchas campesinas que justamente demandan la derogación de la antipatriótica Ley 840, la galopante corrupción, el manejo discrecional y privado de la cooperación venezolana, las limitaciones arbitrarias impuestas a los partidos políticos etc., etc., son hechos que han sido denunciados por amplios sectores políticos, empresariales y sociales del país. No son inventos de los legisladores estadounidenses ni ellos necesitan que alguien se los refiera, ya que los abusos del régimen actual han trascendido nuestras fronteras y son bien conocidos en la opinión pública internacional.
Por lo tanto, es absurdo, y además maligno, tratar de culpar de la reactivación de la Nica Act a alguien diferente del verdadero responsable: el gobierno que preside el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE). Entonces, si en verdad se quiere evitar la aprobación de la Nica Act, lo que cabe es que el presidente designado adopte las decisiones necesarias para revertir el proceso que él ha propiciado.
En tal sentido, su acercamiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro, puede proporcionarle el camino para llevar adelante un proceso profundo, debidamente garantizado, para poner las bases de la reconstrucción de la institucionalidad democrática, a partir de restituir a los nicaragüenses el derecho a elegir libremente, mediante procesos electorales generales y municipales honestos, justos y transparentes. Para ello, se requiere un árbitro electoral creíble y la presencia de observadores electorales de la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter y los organismos nacionales de observación, especialmente Ética y Transparencia.
La nueva versión de la Nica Act enfatiza sobre el tema de la corrupción. Si se aprueba, en noventa días el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso una lista de los funcionarios corruptos en distintos poderes del Estado. Esa lista posiblemente ya está elaborada, o no le será muy difícil al Departamento de Estado elaborarla. Este punto debería tenerse muy en cuenta a la hora de decidir si se adoptan las medidas conducentes al restablecimiento de la institucionalidad democrática o si se mantiene, obstinadamente, su desmantelamiento.
Algunos analistas sostienen que los efectos económicos de la Nica Act son “administrables”. Este argumento no es muy convincente, especialmente en lo que se refiere a lo que los inversionistas y empresarios llaman “riesgo país” y “clima de negocios”. Tampoco lo es en lo que concierne al tema de la corrupción.
Si, además, tomamos en cuenta las suspicacias que han suscitado entre algunos senadores el estrechamiento de las relaciones militares entre el Gobierno de Nicaragua y la Federación Rusa, este es otro aspecto no muy fácil de administrar.
En conclusión: reiteramos nuestro criterio de que el mejor antídoto contra la Nica Act es el restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática, que incluye la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción. Esto depende de la voluntad política de quien nos ha conducido a la situación actual: un régimen que en nada satisface los requerimientos que establece la Carta Democrática Interamericana para la existencia de una verdadera institucionalidad democrática.
El autor es jurista y catedrático.
