El presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, da un paso para legalizar la intervención de la Federación de Trabajadores de Salud (Fetsalud) —que actúa como brazo sindical del sandinismo— en las decisiones del sistema de salud público. Esto lo hace Ortega a través de la propuesta de Ley creadora del centro nacional de clínicas móviles para la salud y en cuyo consejo de dirección ocupará un puesto Fetsalud Nacional.
Esa propuesta de ley fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, donde este martes la junta directiva la remitió a la Comisión de Salud para que sea revisada y dictaminada para que luego la apruebe el plenario.
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Cargo directo
Según la propuesta, el consejo directivo del centro lo integrarán el director, quien será nombrado por el titular del Ministerio de Salud (Minsa); un secretario, quien representará también al Minsa y “un delegado de Fetsalud Nacional”.
Señala la politización
El eterno secretario general de Fetsalud es el diputado designado y presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, quien además es uno de los operadores políticos del Gobierno.
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La especialista en salud pública, Ana Quirós, criticó la institucionalización de Fetsalud como parte del Estado porque se profundiza la politización de la función pública. “Lo que debería decir la ley es la representación de los sindicatos sin ponerle nombre y apellido, no es adecuado seguir politizando la atención médica”, dijo Quirós.
Insuficientes
El diputado del PLC y vicepresidente de la Comisión de Salud, Léster Villarreal, dijo que las clínicas móviles son usadas con fin electoral del partido sandinista “en las zonas rurales, sin embargo no resuelven la demanda de la población pobre, porque las atenciones son limitadas”.
Iris Montenegro, legisladora sandinista, defendió que “como trabajadores y organización tienen derecho” a ser parte de las estructuras del sector.
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