La democracia y la libertad frente al poder

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La democracia y la libertad frente al poder

La lucha campesina, expresada en sus múltiples demostraciones de protesta, es ante todo una reivindicación moral del país, una restitución de la condición ética de la nación, desgarrada por una Ley que no solo violenta la Constitución, sino que ofende la dignidad individual y social

14/05/2017

El sábado 22 de abril fue bloqueada la marcha para la derogación de la Ley 840, convocada para ese día por el Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía.

Esta marcha, y todas las anteriores realizadas por campesinos nicaragüenses, ha tenido por objeto exigir la derogación de la mencionada Ley por considerarla, como en efecto es, una agresión a la soberanía nacional y una ofensa a la dignidad del pueblo nicaragüense.

La entrega del país que en ella se hace, no tiene precedentes en la historia de Nicaragua, pues se deja en manos del concesionario o inversionista, la decisión de expropiar la tierra en el lugar que a su juicio sea conveniente para el proyecto del Gran Canal Interoceánico, sin que de parte del afectado exista la posibilidad real de reivindicación jurídica, en un despojo no solo de su propiedad sino de su dignidad como persona.

La lucha campesina, expresada en sus múltiples demostraciones de protesta, es ante todo una reivindicación moral del país, una restitución de la condición ética de la nación, desgarrada por una Ley que no solo violenta la Constitución, sino que ofende la dignidad individual y social.

Por todo ello, en la actuación de la Policía Nacional, se produce una violación a los Derechos Humanos, a la libertad como condición de la democracia, y a la democracia misma como sistema político, jurídico y moral, que garantiza y promueve su ejercicio, en el cual está comprendido el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica, dentro de los parámetros de respeto a la ley y a los derechos de los demás, tal como ha sido el objetivo y finalidad de esta marcha y de todas las anteriormente realizadas.

Conviene recordar que la libertad, expresada en esos términos, es la conciencia de las prácticas y de los espacios dentro de los cuales aquellas deben realizarse. Que ella, en esos términos, es un derecho inalienable de la persona, y que la ley establece sus alcances y da origen al concepto moderno de sociedad expresado por diferentes pensadores, entre los que cabría mencionar a Rousseau, cuando dice que la sociedad surge, precisamente, cuando se produce el paso de la libertad natural, en la que cada quien hace lo que puede y quiere, a la libertad civil, en la que la persona que la ejerce debe observar los espacios que fija la ley, y por ello, la autoridad está obligada a respetar la práctica de esa libertad jurídicamente protegida y moralmente sostenida.

En el caso al que nos estamos refiriendo, la autoridad, representada por la Policía, violó las normas que establecen el respeto a esos derechos consagrados en la ley, y violentó no solo la ley, sino sobre todo los valores y principios que la sustentan, pretendiendo imponer en forma autocrática el “principio de autoridad” sobre la “autoridad de los principios”.

Comportamientos como el que estamos señalando lesionan la democracia al lesionar la libertad que es uno de sus componentes esenciales. La naturaleza misma de la democracia, que es un sistema de límites al poder, se adultera ante la presencia de un poder sin límites.

En una sociedad confusa y desorientada ante el naufragio de los valores y la devaluación general de las normas jurídicas, el poder autoritario que actúa al margen de la ley, destruye la democracia en nombre de la democracia, invocada en forma falsa y demagógica.

Construir la sociedad y el Estado con una verdadera finalidad democrática, entre las corrientes y contracorrientes y la multitud de factores encontrados que hoy prevalecen en nuestro medio, es una tarea difícil pero absolutamente necesaria, un desafío que nos obliga a pensar en el sentido mismo de la política y la democracia, más allá de las situaciones inmediatas, pero partiendo de ellas y de su significación concreta.

El Estado democrático al que aspiramos los nicaragüenses, no puede ni debe ser el órgano represor encargado de someter a la ciudadanía a la voluntad omnímoda del poder; al contrario, debe ser el sistema institucional que garantice el respeto a las libertades y derechos fundamentales de la persona y la sociedad, y asumir, cuando sea necesario, el papel de concertador de los múltiples intereses sociales, para lo cual debe recuperar la misión de gestor del contrato social, pues es factor imprescindible para mantener la unidad nacional, o al menos, una forma de cohesión que garantice la estabilidad social.

En cuanto a la necesaria participación ciudadana, habría que decir que a través de ella se busca, entre otras cosas, la recuperación del Estado Social de Derecho, el sentido de la solidaridad, el establecimiento de criterios de equidad social, la reafirmación de la importancia de la realidad local y comunitaria, todo ello en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones individuales y colectivas de la persona y la sociedad.

La situación de nuestro país en cambio, presenta una crisis de funcionamiento del sistema democrático, pues sus referencias fundamentales se han alterado significativamente. Se ha roto el nexo de la representatividad a través del cual la participación democrática se realiza; se ha debilitado al extremo el principio de legalidad; se ha destruido el Estado de Derecho; se ha manipulado el principio de legalidad, pretendiendo instalar una legalidad aparente en la que la validez de la norma no corresponde a la voluntad general y por lo tanto carece de legitimidad y por lo mismo adultera el sentido de la democracia.

Creo que los recientes acontecimientos a los que nos hemos referido, nos obligan a un análisis puntual sobre los hechos, pero sobre todo a una reflexión estratégica que permita objetivar los problemas de fondo, que están en la raíz de los acontecimientos y que son la causa de una serie de situaciones inmediatas que alteran la institucionalidad y el Estado de Derecho y como consecuencia inevitable, afectan la seguridad jurídica y la estabilidad nacional.

Aunque pueda parecer una aspiración lejana, nuestro país requiere cada vez de forma más imperativa la realización de un contrato social que permita establecer los alcances y los límites del poder y su efectiva regulación por el Derecho.

En el contrato social se evidencia la dialéctica entre ambos factores, pues el derecho que en cierto sentido proviene del poder, pasa en virtud del acuerdo social a ser causa de este y a regular su ejercicio.

El autor es jurista y filósofo nicaragüense.

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