El señor Gerardo Baltodano, presidente de Funides, destacó en la presentación del Primer Informe de Coyuntura Económica del año 2017, que “en la última década el sector privado, a través del Cosep, junto con el Gobierno, ha logrado ir institucionalizando una metodología de trabajo que busca consenso para la creación de riqueza”.
Baltodano subrayó que el Cosep y el Gobierno “han encontrado y valorado los intereses que unen sobre los que dividen”. Y sugirió que, “lo mismo debemos promover activamente en otras esferas de la sociedad. Es ineludible —dijo— tocar temas institucionales si buscamos soluciones a temas de desarrollo económico”.
La relación empresarial con el régimen de Daniel Ortega es valorada positivamente por unos y criticada por otros. Es lógico y necesario que así sea, pues todo lo que atañe a la nación debe ser debatido libremente, aunque esto no guste a los gobernantes para quienes todos los ciudadanos deberían acatar dócilmente lo que ellos hacen.
No cabe duda de que el entendimiento del Cosep con el Gobierno ha favorecido el crecimiento económico del país, no obstante que el disfrute de este beneficio no sea equitativo. Pero de todas maneras es lógico, en consecuencia, que a partir del buen resultado del consenso empresarial con el Gobierno, se piense que esta “metodología de trabajo” debería replicarse en otras esferas y con otros sectores de la vida nacional. En particular con el político, tomando en cuenta que —como lo hizo ver el presidente de Funides—, la debilidad de las instituciones termina “pasando la factura, tarde o temprano, al desarrollo económico”.
Algunas personas culpan a la oposición por no buscar consenso con el Gobierno, igual que lo hacen los empresarios. Inclusive los hay que acusan a quienes cuestionan al régimen orteguista y exigen el restablecimiento de la democracia, de que atentan contra la estabilidad económica del país.
Pero esa crítica es incorrecta e injusta. En todo caso es al Gobierno al que deberían criticar, porque no cumple sus obligaciones con las normas de la democracia contenidas en la Constitución de Nicaragua y en la Carta Democrática Interamericana, incumplimiento que es la causa de la debilidad institucional.
Lo que pasa es que entendiéndose con el empresariado Ortega no arriesga su poder. Más bien se beneficia, porque el crecimiento económico le da estabilidad a su gobierno; y sus propios negocios y los de sus allegados crecen también de manera exponencial. En cambio, un acuerdo con la oposición no podría ser nunca para avalar el proyecto de Ortega, de perpetuarse en el poder, sino para buscar cómo removerlo por medios democráticos.
El único acuerdo político posible con el Gobierno sería para que se restablezcan las reglas democráticas, en particular las elecciones libres, competitivas y transparentes, a fin de que el país sea gobernado por el partido y la persona que los ciudadanos elijan de verdad, no por el que se impone mediante fraudes y farsas electorales.
¿Quién convence a Ortega para un consenso político como ese?