Mientras magistrados de la Corte Suprema de Justicia estrenan camionetas del año, valoradas en 60 mil dólares “a precio de lote”, según aclaró Berman Martínez, secretario general administrativo del poder judicial —ya que su valor comercial es de 80 mil dólares—, la mayoría de trabajadores tienen ocho años de estar esperando reajuste salarial.
El gasto total en las 16 camionetas para magistrados fue de 960,000 dólares, aunque extraoficialmente se conoce que la compra fue de 25 camionetas.
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A esta compra de lujo se le suma un lote de 120 vehículos livianos y 78 camionetas doble cabina para distribuirse entre funcionarios, jueces y magistrados de todo el país, detalló Martínez, quien al mismo tiempo confirma que siguen con las medidas de ahorro en ese poder del Estado.
“No solamente camionetas hemos comprado, también hemos comprado 120 vehículos livianos y 78 camionetas doble cabina, para funcionarios, magistrados, jueces y distribuirlos en todo el país. Quiero aclararte que el hecho que se compren equipos es una necesidad de renovar la flota vehicular del poder judicial”, recalcó Martínez.
Discreción en repartición de vehículos
El administrador general explicó que la renovación vehicular implica que los equipos que tenían en uso los magistrados (que habían sido comprados cinco años atrás), pasan a manos de magistrados de Apelaciones y otros funcionarios de todo el país.
Sin embargo, fuentes judiciales afirman que la distribución de los vehículos se hace a discreción de los magistrados, es decir, estos se los asignan a sus familiares, entre estos sobrinos, sobrinas, esposas y asistentes que ocupan cargos dentro del mismo poder judicial. Mientras otros se los quedan para traslados de su familia y mandados del hogar.
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“Lo que se está haciendo es reforzar la flota vehicular para poder atender la demanda de todos los servicios de los funcionarios judiciales. La verdad de las cosas es que el poder judicial no tenía flota vehicular, hemos venido a buscar cómo resolver problemas de los jueces de distrito que se han estado movilizando en sus propios vehículos, en buses, que asumen riesgo, porque a veces hay uno (reo) que fue condenado y viene compartiendo el bus, entonces el judicial no puede correr riesgo y tenemos que resolver el problema de que ellos tengan su equipo de movilización para que no asuma riesgos mayores”, justificó Martínez.
Compra está dentro del Presupuesto
Martínez explicó que la compra de nuevos vehículos obedece a una política de la administración de los últimos seis años y se incluyen dentro de las proyecciones del presupuesto anual del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República que le toca a la Corte Suprema de Justicia.
“Tenemos que renovarlos y hacer nuestras proyecciones conforme a una política de vida útil que tienen los activos, es decir, nosotros en la administración de los últimos cinco o seis años hemos tomado en cuenta que un vehículo debe dilatar 5 años”, agregó el administrador.
El funcionario agregó que las camionetas se compran bajo un proceso de licitación, cumpliendo con la Ley de adquisición que está vigente en el país. “A nosotros nos salen como a 60 mil dólares lo que son ese tipo de vehículos (de lujo)”.
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Las camionetas, afirmó Martínez, las paga el Ministerio de Hacienda, pero salen del mismo cuatro por ciento que le corresponde al poder judicial. “Son pagos centralizados por la Tesorería General de la República”, explicó.
Sobre la permanencia de las medidas de ahorro en el poder judicial, el administrador afirmó que continúan y sobre el reajuste salarial a trabajadores que esperan desde hace ocho años, dijo que dependía de las condiciones del poder judicial.
“Todo mundo tiene necesidades y todo mundo quiere mejorar sus condiciones de vida. Yo soy uno de los que quiere mejorar su condición de vida y veo eso y quiero ganar más, pero todo depende de las condiciones, disponibilidades y las realidades de los proyectos que tengan en inversión este poder del Estado”, dijo Martínez.
Inversión en nuevos complejos
El administrador general de la Corte Suprema de Justicia, Berman Martínez, justificó que no solo se ha invertido en renovar la flota vehicular, sino que han invertido en la construcción de nuevos complejos judiciales en los departamentos, construcción de casa de justicia.
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“Seguimos con medidas de ahorro, pero lo principal es que hemos destinado más dinero para inversión. Para este año tenemos 500 millones de córdobas para inversión, eso constituye la construcción de complejos judiciales de Jinotepe, San Carlos, Boaco, Ocotal, Tipitapa, Acoyapa y Nueva Guinea. Y la construcción de los Registros donde tiene que haber”. dijo Martínez.
Entre otras inversiones, agregó Martínez, está reforzar recursos informáticos y la inversión en comunicación que incluye servidores, equipos de computación, routers y otros.
3,200
millones de córdobas es el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para este año 2017, afirmó el administrador general de ese poder del Estado.