El ministro de Defensa de Venezuela ordenó este miércoles el envío de 2,600 militares al estado de Táchira, fronterizo con Colombia, para reforzar la seguridad ante las protestas en esa zona que han dejado dos muertos, numerosas estaciones policiales incendiadas y comercios saqueados en los últimos días.
El general Vladimir Padrino López indicó en una transmisión de la televisora estatal que se enviarán 2,000 guardias nacionales y 600 uniformados del grupo de operaciones especiales como parte de la “segunda fase” del programa de seguridad denominado “Plan Zamora” que activó el gobierno a mediados del mes pasado en respuesta a las manifestaciones casi diarias que realiza la oposición desde fines de marzo.
El ministro acusó a la oposición de promover acciones violentas y de tratar de entorpecer el abastecimiento de alimentos y combustible. “No se equivoquen, porque ya estamos cansados de ver correr sangre en las calles producto de la irresponsabilidad de estos actores políticos que no quieren ver sino una guerra civil”, dijo Padrino López tras denunciar que una instalación militar de Táchira fue asediada por manifestantes que le lanzaron bombas incendiarias.
Entre el lunes y martes se registraron protestas contra el gobierno en la ciudad de San Cristóbal, capital del estado, y localidades aledañas. Los hechos provocaron disturbios en estaciones policiales y comercios. En los incidentes murieron Luis Alviarez, de 18 años, y Diego Hernández, de 32.
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La Fiscalía General anunció que por el caso de Hernández fue detenido un policía. San Cristóbal, a unos 600 kilómetros al suroeste de Caracas, fue epicentro hace tres años de violentas protestas callejeras contra el gobierno que se extendieron por casi cuatro meses.
El jefe militar defendió la actuación de la guardia nacional y dijo que utilizan equipos para contener las manifestaciones de acuerdo con los estándares internaciones. “No usamos armas de fuego letales”, agregó.
Algunas organizaciones humanitarias y la oposición han acusado a las fuerzas de seguridad de excederse en la contención de las muestras de descontento contra el gobierno, que se han extendido por casi siete semanas en varias ciudades del país y han dejado 45 fallecidos, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42.
Padrino López alabó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que presentó la semana pasada el presidente Nicolás Maduro para la redacción de una nueva carta magna e hizo un llamado a la oposición a atender la iniciativa y acatar el llamado al diálogo del gobierno. El dirigente opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, denunció en su programa de una emisora local que jefes militares ordenaron la adquisición de minas antipersonales que serían empleadas contra manifestantes y la activación de grupos paramilitares para reprimir las protestas.
Las autoridades no han hecho comentarios al respecto. La declaración del ministro de Defensa se produjo un día después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, responsabilizara a Padrino López de las muertes de manifestantes y de la aplicación de la justicia militar a civiles detenidos en las protestas. Almagro dijo que Padrino López es la “piedra angular del uso de la fuerza para sostener un golpe de Estado” en Venezuela. El jefe militar no hizo ninguna referencia a las afirmaciones del secretario general de la OEA.