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Miriam Rodríguez Martínez, México, derechos humanos

Fotograma de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del colectivo de desaparecidos de San Fernando. LA PRENSA/EFE/HORA CERO

Expertos de la ONU piden a México que investigue asesinato de defensora de derechos humanos

Miriam Rodríguez Martínez, asesinada por desconocidos, que se convirtió en activista después de la desaparición de su hija en 2014

Un grupo de expertos de la ONU condenó este viernes el asesinato de la defensora de derechos humanos Miriam Rodríguez Martínez en el noreste de México y pidió al Gobierno mexicano medidas efectivas para combatir la impunidad.

“Este es otro horrible ejemplo de la violencia que hay contra aquellos que reclaman verdad y justicia en México. Este acto es más grave dado que la señora Rodríguez habría solicitado protección a las autoridades”, señalaron los expertos en un comunicado.

“Los responsables de este atroz crimen deben ser urgentemente encontrados y llevados a la justicia”, recalcaron y reiteraron su preocupación acerca del aumento de los riesgos que enfrentan las familias de personas desaparecidas, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas en México.

Rodríguez Martínez, que se convirtió en activista después de la desaparición de su hija en 2014 cuando ésta tenía 20 años, era representante de más de 600 familias víctimas de la violencia en el municipio mexicano de San Fernando y fue asesinada el pasado día 10 en su casa por varios desconocidos.

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Estados con responsabilidad de proteger

La vicepresidenta del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Suela Janina, señaló que, de las 375 peticiones de acción urgente registradas por este órgano desde 2012, 288 se relacionan con desapariciones en México.

El comité ha solicitado medidas de protección en 134 de estos casos y desde 2013 ha solicitado repetidamente al Gobierno de México que les permita visitar el país, sin éxito.

La presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Houria Es-Slami, destacó que los Estados tienen la responsabilidad de proteger a aquellos involucrados en la investigación de las desapariciones forzadas, particularmente los familiares, de todo acto de violencia, intimidación y represalias.

En este sentido celebró que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, haya anunciado esta semana, tras el asesinato del periodista Javier Valdez en el estado de Sinaloa, que se tomarán medidas para fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, sostuvo por su parte que “los defensores de derechos humanos en México siguen siendo atacados precisamente por el desempeño de sus actividades legítimas” y que la “impunidad sigue siendo el principal reto para su protección”.

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