El Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y el régimen de Daniel Ortega, suscrito el 28 de febrero pasado, tiene dos componentes, uno político-electoral y el otro de “fortalecimiento institucional”.
El componente político-electoral se refiere a que la OEA observará o acompañará las elecciones municipales de noviembre próximo, además de que dará “apoyo técnico para el fortalecimiento en materia de registro, cedulación y depuración del padrón electoral”. Ese punto se limita al cómo de la elección, a sus aspectos técnicos y un mínimo de seguridad electoral que la OEA asume la responsabilidad de garantizar, para dar confianza a los nicaragüenses que en noviembre de 2016 repudiaron la farsa electoral con una abstención masiva estimada hasta en 70 por ciento.
No se conoce hasta ahora lo que la OEA ha avanzado en ese componente de las garantías electorales. Pero de lo que se puede estar seguros es que no serán para que se pueda recuperar con las elecciones de noviembre la autonomía municipal que ha sido aniquilada por el régimen orteguista.
Teóricamente, los gobiernos municipales gozan de autonomía política, administrativa y financiera. Así lo dice la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 177. El Gobierno central solo tiene con los municipios, obligaciones y responsabilidades, principalmente de asignaciones presupuestarias para respaldar los proyectos de desarrollo local. Esto sin perjuicio de que entre el gobierno central y los gobiernos municipales debe de haber una relación armoniosa y de respeto mutuo.
Pero la norma de la autonomía municipal solo está escrita en la Constitución, el régimen de Ortega no la respeta contando con la complicidad de los alcaldes y concejales del partido sandinista. Ortega controla políticamente —y de hecho también administrativamente— 127 de las 153 alcaldías de Nicaragua, mientras que aquellas que aún tienen alcaldes demócratas, son sometidas a chantajes políticos y presupuestarios para impedir que cumplan los proyectos que ofrecieron a sus electores.
De hecho todos los municipios con alcaldías sandinistas son gobernados por una superestructura política partidista denominada “consejo de gobiernos locales”, que no existe en la Constitución ni en la Ley de Municipios. Más de 30 alcaldes y vicealcaldes elegidos en 2008 han sido destituidos de manera arbitraria por el orteguismo. En algunos casos se ha tratado de funcionarios municipales incompetentes y/o corruptos, pero su destitución y los reemplazos no se hicieron legalmente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Municipios.
Cabe mencionar que además de que la autonomía municipal es un principio constitucional de Nicaragua, en la Carta Iberoamericana de Autonomía Municipal se manda a respetarla porque “se sitúa en la base democrática del poder, la descentralización y la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos”.
Sin embargo en Nicaragua la autonomía municipal ha quedado limitada a unos cuantos municipios que todavía son gobernados por alcaldes demócratas, sometidos al acoso implacable del poder central orteguista.