Transparencia podría abaratar la energía en Nicaragua

La transparencia que se da en los procesos de la industria eléctrica de Panamá son un ejemplo para Nicaragua, donde no se dan licitaciones desde el 2008 y hay proyectos inconclusos.

La distribución de energía eléctrica en Nicaragua está a cargo de Disnorte-Dissur. FOTO: LA PRENSA/ARCHIVO

Hasta el mes de marzo la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) de Panamá reportaba la cancelación de al menos 35 licencias y concesiones para proyectos de generación eléctrica, de plantas de energía tanto renovables como no renovables, que no daban señales de poder avanzar con los proyectos, es decir, que habían incumplido con el cronograma de trabajo establecidos en sus contratos.

La transparencia que se da en los procesos de la industria eléctrica de Panamá son un ejemplo para Nicaragua, donde no se dan licitaciones desde el 2008 y hay proyectos inconclusos.

Tal es el caso del proyecto hidroeléctrico Tumarín, que sería ejecutado por el consorcio brasileño Queiroz Galvao y Eletrobras, al cual la Asamblea Nacional dio tres prórrogas y el consorcio cambió en seis ocasiones más la fecha de inicio del proyecto, que jamás arrancó.

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La primera Ley que autorizaba el proyecto Tumarín fue creada en 2008 y contemplaba que esta entraría a generar en el año 2014; después de varios años de incumplimiento, Eletrobras anunció en 2016 que había vendido sus acciones a la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) y a la empresa distribuidora de energía Disnorte, sin dar más explicaciones.

A pesar del incumplimiento el Gobierno no le aplicó ninguna multa a la empresa ni suspendió la concesión.

Este ejemplo contrasta fuertemente con lo que ocurre en Panamá, donde la Secretaría Nacional de Energía (SNE), máxima institución gubernamental del sector energético de ese país, se ha enfocado en las licitaciones a largo plazo para el suministro de energía.

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Y cuando se da un incumplimiento al contrato establecido, el dinero de la multa va directo a reducir la tarifa de energía, explica Isaac Castillo, subsecretario nacional de Energía de Panamá.

El INE en el informe 2016 da a conocer que en ese año más de cien millones de dólares hubo en pérdidas, al no poderse facturar un millón de megavatios. LAPRENSA/ARCHIVO

“Existen multas previstas por incumplimiento de los contratos, sea por calidad de servicio o por otros incumplimientos tipificados en los contratos. Estas multas las impone el regulador (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Asep) y pueden variar de multas diarias, montos fijos, planteados por la Asep, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento y pueden llegar hasta la cancelación de la concesión o la licencia”, sostuvo Castillo.

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Mientras que en Nicaragua, la política es otra, de manera que cuando se da un incumplimiento en los contratos, tal y como sucedió con Tumarín, “no se aplican multas al ejecutor ni se ejecuta la garantía por incumplimiento como lo establece la Ley, por razones que desconocemos, porque el Gobierno nunca nos informa”, asegura el abogado Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC).

“Asimismo no existe ninguna política que permita abaratar la tarifa de la energía, como sucede en otros países, por el contrario, aquí los consumidores somos castigados”, comenta López.

Panamá paga menos en subsidio

Isaac Castillo afirma que en Panamá existen subsidios directos (a la tarifa social) a cliente con bajo consumo, aunque estos han sido reducidos desde 2014.

“En 2016 se pagaron aproximadamente veinte millones en subsidios. Actualmente se subsidian los consumos de menos de 300 kilovatios por mes”, compartió Castillo.

Mientras que en Nicaragua el año pasado se pagó 66 millones de dólares en subsidio a la tarifa social y solo se subsidió a clientes que consumen por debajo de 150 kilovatios hora, o sea, la mitad de lo que se subsidia en Panamá.

“La prioridad es la población”

La prioridad del gobierno panameño en el sector eléctrico es que cada usuario consuma una energía limpia, accesible y barata, muy distinto de Nicaragua, donde la prioridad es la política, afirma el abogado Juan Carlos López.

“El tema de energía tiene muchas aristas, no es un tema simplemente económico, sino político, la mayoría de las decisiones que se toman tienen el fin de responder a los intereses del Gobierno, no del consumidor y ese es el principal problema”, sostuvo López.

A finales de abril el BCIE aprobó un préstamo de 86.5 millones de dólares para Nicaragua, con el objetivo de complementar el financiamiento al programa nacional de electrificación sostenible. LA PRENSA/ARCHIVO

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El abogado explica que si en el sistema eléctrico de Nicaragua la prioridad fueran los consumidores, habría transparencia en la adjudicación de proyectos, la contratación directa (de contratos de generación) dejaría de existir y el marco regulatorio no permitiría tantas anomalías que se dan hoy en día en el sector.

“Los consumidores tenemos muchas preguntas y pocas respuestas, a nosotros solo nos llega el recibo de la luz, con una de las tarifas más altas, y no sabemos por qué y no nos damos cuenta que somos usados por el sistema”, dijo López.

Estructura del sistema eléctrico panameño

El sector eléctrico en la República de Panamá se reestructuró en 1998. La empresa estatal, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se segmentó en varias sociedades anónimas para atender las tres actividades principales: generación, transmisión y distribución.

De los activos de generación del IRHE se vendió el 51 por ciento de las acciones de las centrales térmicas y el 49 por ciento de las hidroeléctricas (5 plantas). El resto de las acciones quedó en manos del Estado y una parte muy pequeña en manos de los empleados.

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El sector eléctrico en Panamá se reestructuró en 1998 y se segmentó en varias sociedades anónimas para atender las tres actividades principales: generación, transmisión y distribución. FOTO: CORTESÍA

A partir de esa fecha el sector privado ha construido unos 2,322 megavatios (MW) de centrales nuevas (1,217 MW hidroeléctricos, 270 eólicos, 90 solares y 745 MW térmicos) para una inversión total de 5,438 millones de dólares al cierre de 2016, según Isaac Castillo.

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La red de transmisión y subestaciones en alto voltaje quedó en un ciento por ciento en manos del Estado. Se crearon también tres empresas de distribución y se vendió el 51 por ciento de las acciones al sector privado.

En Nicaragua, el sistema eléctrico también está segmentado, en la generación hay empresas privadas y estatales, la distribución se privatizó y actualmente está en manos de consorcio TSK-Melfosur, donde el Estado tiene un 16 por ciento de las acciones. Además la transmisión es estatal, dirigida por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).

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El doctor Fernando Aramburu, consultor energético originario de Panamá, indica que en  su país la economía se ha triplicado en los últimos años y por ende la demanda eléctrica se ha duplicado y va a seguir creciendo y en esa medida se debe pensar en una matriz energética diversificada y confiable.

En Nicaragua la historia es otra, pues la capacidad instalada es de 1,300 megavatios hora y el consumo es la mitad de la capacidad.

A pesar de que Panamá tiene menos población y extensión que Nicaragua, su economía es mayor y crece más aceleradamente, lo que le ha permitido que su demanda de energía sea más grande que la capacidad instalada de Nicaragua.

Gas natural para Centroamérica

El ingeniero José Ramón Gómez, especialista regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que la industria gasífera es una llave para desarrollo, no solo de Panamá, sino también de la región centroamericana.

“Panamá tiene una gran oportunidad con la construcción de esta planta de gas. Yo creo que el gas natural llegó para quedarse”, dijo Gómez.
La planta gasificadora entró en licitación el año pasado, en la subasta participaron 278 empresas y la empresa AES resultó ganadora del proyecto. Se espera que la planta comience a operar en 2018. Se trata de un proyecto de 1,500 millones de dólares.

A partir del primer semestre de 2018, la planta empezará a inyectar el equivalente a un 17 por ciento de la matriz de Panamá, para impulsar ahorros de entre el 13 y 15 por ciento en el costo de la energía, además que le permitirá exportar energía a la región.

Isaac Castillo, subsecretario del SNE, manifestó que aún existen retos en el sector energético de Panamá que no se pueden obviar, sin embargo, se siente satisfecho con los logros en el sistema eléctrico, que asegura que se han dado debido a la constante reestructuración de las estrategias en el sector.

Panamá tiene menos tarifa

Actualmente en Nicaragua existe un pliego de 52 tarifas de energía y debido a que no se ha reformado, se aplican subsidios cruzados, afectando a los sectores residencial, comercio y turismo. Mientras que en Panamá hay nueve tipos de tarifas, clasificadas según voltaje, energía y potencia demandada, lo que permite más equidad y transparencia en la facturación.

El abogado Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor (CJSAC), concluye que Nicaragua seguirá siendo el país con la tarifa de energía eléctrica más alta de la región mientras los intereses políticos y económicos estén siempre por encima del consumidor.

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