Un grupo del Movimiento Comunal Santa Cruz de la India de la comunidad de Mina La India recurrió al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde denunció que siete de ellos, incluido su coordinador, son acusados en los tribunales de justicia por supuestos daños agravados.
Olman Onel Salazar refirió que aparentemente este es un montaje de parte de la empresa minera que les acusa en represalia al rechazo de un 95 por ciento de la comunidad a la reubicación de unas 300 familias del poblado.
“Nos vienen a inventar delitos que no hemos cometido”, sostuvo Salazar, que explicó que el delito que les imputan supuestamente ocurrió en una plazoleta donde habían colocado una máquina de perforación y para que las piedras que se desprendieran a causa de la perforación cayeran al abismo donde trabajan los mineros artesanales habían colocado sacos de tierra, pero alegan que tras una marcha realizada en la comunidad en contra de ese proyecto, la población no vio nada seguro los sacos de tierra y los vaciaron. Y ahora les acusan por supuestos daños.
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Es por ello, que Salazar considera que la acusación “es un montaje” , con el fin de atemorizar tanto a la población como a ellos como movimiento que organizan esa lucha social.
“Ese día de los supuestos hechos nos acompañó el secretario político (del Frente Sandinista), del municipio de Santa Rosa del Peñón, señor Juan Pulido”, sostuvo Salazar, quien alega que incluso les felicitó “porque toda esta lucha la hemos estado haciendo de manera pacífica”, pues “pretenden desalojar un pueblo que tiene más de cien años de historia” .
En esa comunidad hay más de cinco mil personas que dependen sobre todo de la minería artesanal y que según Karen Laguna, se sienten acechados pues para convencerlos de la reubicación, “se hacen valer del Estado, del mismo Gobierno, para decir que eso es del Gobierno y que como tal se va a ejecutar ese proyecto”.
Fijan fecha de audiencia para acusados
Los siete acusados fueron citados a audiencia preliminar que está fijada para el 31 de mayo en el Juzgado Local Único, de Santa Rosa del Peñón. Además de Salazar fueron acusados Juan Mauricio Rugama, Bernardo Laguna Vega, José Denis Flores Valverde, Norlan Ulises y Miguel Ángel Laguna Sánchez.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, refirió que hay antecedentes de acoso y amenaza en otros municipios y el más reciente fue hace dos años cuando representantes de la Mina El Limón permanecieron detenidos por más de setenta días, en las cárceles de El Chipote.
En este caso Carrión les advirtió que es una problemática similar “a ser sometidos a encarcelamientos arbitrarios y de procesos que redundan en violaciones a un legal y debido proceso”.
Carrión también instó al Gobierno que escuche el clamor de esta comunidad que defiende el entorno de vida de su comunidad y que esta acusación sea rechazada y de que no sea criminalizada la protesta social.
“El Estado debe tener mucho cuidado que se convierta en un grave problema social anteponiendo en nombre del desarrollo de la inversión … (acciones) que generen consecuencias en graves violaciones de derechos humanos”, advirtió Carrión.
