El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) dijo que existe una “campaña de descalificación” promovida en su contra, según sus directivos, por algunos periodistas y medios de comunicación a los cuales no identificó en un comunicado oficial.
Los directivos de la organización no dijeron tampoco qué información, o grupo de noticias, los llevó a concluir que se trataba de una campaña en su contra. El comunicado fue leído por el vicepresidente de esta organización, Rosendo Mayorga, junto a los representantes del resto de cámaras.
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En sus primeras palabras, los empresarios respaldaron al titular del Cosep, José Adán Aguerri, de cuyas comparecencias aseguraron que representan el sentir de sus organizaciones. “La actual campaña, que recurre a fuentes anónimas y posiciones ideológicas personales, pretende descalificar el actuar del sector privado y cuestionar el rol del Cosep”, dijeron.
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Según los empresarios, en su agenda ha estado “permanente la defensa de la institucionalidad democrática”.
“No nos hemos amparado en el anonimato para exponer nuestros criterios, posiciones e intereses y estos no se contraponen a los de la nación. Los resultados de nuestro actuar están a la vista”, exaltaron.
Relación con el Ejecutivo
Sin embargo, las críticas a nivel nacional a la cúpula empresarial representada por Aguerri, han surgido a partir de la relación estrecha con el Ejecutivo.
Aguerri ha admitido en el pasado la aprobación de decenas de leyes en consenso con la Administración de Daniel Ortega desde 2009, un modelo que el gobierno sandinista promueve como fruto del consenso y que incluso consideran exportable a otros países de América Latina.
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“Esta campaña persigue convertirnos en un factor de inestabilidad económica y social a través de la confrontación. En Cosep apostamos por desarrollar la cultura del diálogo y la tolerancia para resolver los problemas estructurales que como nación enfrentamos y poder seguir generando trabajo y progreso para todos”, insistieron.
En estos años, el Ejecutivo incrementó la presencia de los representantes del sector privado en las directivas del Estado, pasando de 41 a 43 miembros en 2016.
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