Un grupo de jubilados fue agredido violentamente por paramilitares, o policías vestidos de civil, cuando trataban de protestar de manera pacífica frente a una clínica del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), contra el cobro por las medicinas que les recetan para atender sus enfermedades.
Esto es una odiosa combinación de crueldad y perversidad. Por un lado se obliga a los jubilados a pagar por los medicamentos a los que tienen derecho y por otra parte se envía a bandidos para que los vapuleen, por protestar contra la injusticia y arbitrariedad que las autoridades del INSS cometen contra ellos.
“Esto es solo un síntoma más de la descomposición deplorable en que se encuentra el Seguro Social”, comentó monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Y agregó el prelado que “es una pena que tengan que ser los pobres los que paguen la corrupción de quienes se han aprovechado de un dinero que es de los trabajadores y de nadie más. Hay que buscar solución al Seguro Social —dijo el obispo Báez— pero la solución más clara, más explícita y la que puede dar soluciones más rápidas es que quienes han robado, que devuelvan lo robado”.
En Nicaragua, ya una vez en el pasado, durante la dictadura sandinista de los años ochenta; y otra vez ahora con la dictadura de Daniel Ortega, se ha distorsionado la esencia y misión del seguro social, en grave perjuicio de los afiliados pero en gran beneficio de los gobernantes.
El fin primordial del seguro social que por primera vez se estableció en Alemania, en 1883, es la dignificación de los trabajadores y sus familiares. El propósito primordial era que los trabajadores no tuvieran que depender de la asistencia social de caridad; que pagaran una cuota razonable de sus salarios y que los patronos y el Estado aportaran una cotización proporcional, para financiar la atención médica y medicamentos que necesitaran y asegurarse una pensión de retiro que les permitiera vivir dignamente sus últimos años.
Mucho tiempo después, en 1991, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) definió la seguridad social en la época actual, como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte…”
Como esta es una definición hecha por representantes de los gobiernos, se omite el reconocimiento de que la sociedad no le regala nada a los trabajadores afiliados al sistema de seguridad social, que ellos pagan por la atención médica, subsidios y pensiones que reciben, con la parte de sus salarios que aportan a lo largo de su vida laboral y por la contribución de los empleadores.
Pero aparte de eso lo peor es que en países muy corruptos, como Nicaragua, el dinero que aportan los trabajadores y los patronos para la seguridad social es mal usado, inclusive robado, como lo ha denunciado monseñor Báez con su voz profética, valiente y justiciera.
