Desde 1993, cuando entró en vigencia la Ley 160, Ley que Concede Beneficios Adicionales a las Personas Jubiladas, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no promovió ninguna reforma que establezca de forma explícita cuáles son los medicamentos y tratamientos a los que tienen derecho los jubilados.
Expertos en Seguridad Social señalan que el INSS se está aprovechando de ese vacío en la Ley para recortar medicinas de forma discrecional. Mientras tanto, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) advierte que recortar los medicamentos no es suficiente para salvar el sistema de pensiones.
Para el experto en Seguridad Social, Manuel Israel Ruiz, aunque el artículo 3 de la Ley 160 dice que los jubilados tienen derecho a servicios médicos, exámenes de laboratorio, prestaciones farmacéuticas y prótesis, esta no establece las cantidades de medicamentos y tampoco las especialidades médicas a las que tienen derecho los jubilados.
“Al no tener una Ley que regule los derechos de los asegurados, jubilados, pensionado de invalidez, esto se maneja de manera muy discrecional, por lo tanto (el INSS) les puede suspender todo lo que se le ocurra, menos la pensión. Posiblemente si antes te daban 10 medicamentos, ahora te pueden dar uno o nada”, explicó Ruiz.
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Ley de Derechos Adquiridos
En esto coincidió el consultor en Seguridad Social, José Dolores Gómez, quien además recordó que a los jubilados los favorece la Ley de Derechos Adquiridos.
“El INSS actúa de forma que hace los cambios cuando ellos creen que es conveniente y eso no es correcto, porque ya cuando tenés algo establecido a favor de los jubilados, no podés venir a quitárselo, porque ya son derechos adquiridos, no pueden venir a cercenar ni los exámenes ni la calidad del servicio con el pretexto de que van a mejorar la situación financiera”, dijo Gómez.
De igual forma el consultor Róger Murillo destacó: “Es un derecho adquirido desde que el Seguro comenzó a proporcionar medicina gratuita para los jubilados, pero no hay una Ley específica que diga que el pensionado tenga derecho a medicina, se ha venido haciendo y se ha quedado como un derecho adquirido por costumbre”.
Sin embargo, Carlos Obando, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Carlos Fonseca Amador (Ajupencos), dijo a LA PRENSA este martes que “…son medicamentos que ya están pagados por adelantado”.
En términos similares se expresó el jubilado Henry Briceño, quien sostuvo: “Lo que se evidencia ahí es que cortaron (lo que ante los ojos de alguien del Gobierno) es medicina gratuita. Están en un error, porque nosotros toda una vida laboral cotizamos para tener un retiro, una vejez con esos medicamentos”.
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Crear una nueva Ley del INSS
Ruiz considera que al tener los jubilados un derecho adquirido, el INSS debe hacer una nueva Ley para poder realizar cambios en la atención médica que reciben los adultos mayores, quienes actualmente están con la incertidumbre.
“Efectivamente para que haya recortes (de medicamentos) tendría que haber una Ley o un decreto presidencial o un acuerdo del consejo directivo (del Seguro Social) diciendo todos los derechos que tenían (los jubilados) y que a partir de tal fecha se les va a quitar tal derecho… Una cosa es que el INSS tenga problemas financieros, eso es un hecho, pero no es de esa manera que las cosas se arreglan”, afirmó Ruiz.
Por su parte, José Dolores Gómez argumentó que es posible bajar los costos en Salud sin necesidad de recortar los medicamentos a los jubilados.
“El punto es que se deben utilizar instalaciones (empresas) privadas, que en iguales condiciones (que las actuales) brindan buenos servicios pero a menores precios, porque se han venido utilizando instalaciones que son prácticamente de lujo; todo el mundo sabe que ahí los precios son más altos, pero no significa que los servicios son mejores. Entonces si quieren bajar costos de Salud, lo deben de hacer por ese lado, negociando mejor los precios con las instalaciones privadas sin afectar los servicios a los jubilados, como ya lo están haciendo”, dijo Gómez.
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Planteamiento del Cosep
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, expresó: “Reducir medicinas es un tema que no va a ser suficiente para responder al tema que el Fondo Monetario (Internacional) ha planteado. Esto requiere de hacer una revisión de todas las situaciones que fueron planteadas y por supuesto esto en su momento va a ser revisado. Desconozco hasta dónde eso es una política ya establecida que esté teniendo un impacto, porque eso no lo manejamos, pero al final del día tenemos que hacer una serie de diferentes medidas; si es que queremos atender el tema a profundidad”.
Las denuncias públicas de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Nicaragua (Ajupin), sobre la venta de medicamentos, son un tema que deben atender las autoridades correspondientes, agregó Aguerri.
“No se trata de que si hay alguien que está haciendo una denuncia, evitar que haga la denuncia; hay que abrirnos a la denuncia y hay que responder a la denuncia dándole respuesta, no simplemente diciéndole que no a la denuncia”, reiteró Aguerri.
Por su parte, Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec), apuntó que si los pensionados cumplieron con las cotizaciones, tienen derecho a recibir los medicamentos, según la lista acordada y aprobada por el Ministerio de Salud; “si esto no se está dando, hay que analizar los factores del porqué y aplicar las correcciones que sean necesarias”.
Además revisar si es el sistema de abastecimiento está fallando en no llevar las medicinas a tiempo o hay problemas de abastecimiento, afirmó García.
Para Mario Arana, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), hasta el momento la supuesta reducción en la lista de medicamentos o venta de los mismos no es una política establecida.
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Continúan las denuncias
La Asociación de Jubilados de Masaya (Ajuma) emitió un comunicado en el que reclaman al Seguro Social por no entregarles los medicamentos y exigen al presidente del INSS, Roberto López, que explique por qué se tomó esta medida.
“Estamos siendo marginados por el sistema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Sermesa (Servicios Médicos Especializados SA). Se nos están negando nuestros derechos al no proporcionarnos los medicamentos que tenemos que recibir legalmente de parte de dichas instituciones. Que los señores responsables de estas instituciones nos aclaren debidamente el porqué no se cumplen las leyes establecidas”, dice el escrito.
De igual forma, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) publicó un comunicado en el que condenan que grupos de choques hayan vapuleado a cuatro jubilados que organizaron una protesta frente a una clínica previsional el pasado 29 de mayo.
Además exigen cuentas claras a la administración del Seguro Social y la renuncia de Roberto López al frente de la institución.
131,476
pensionados de vejez registró el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hasta diciembre de 2016. Los jubilados representan el 72 por ciento de los 182,933 pensionados que hay en el país.
