Iniciativa de ley y manipulación

Iniciativa de ley y manipulación

Hay que recordar que precisamente para resguardar la integridad e independencia de los movimientos sociales no partidistas, la reforma constitucional democrática de 1995 estableció el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, directamente, sin intermediación de los partidos políticos

02/06/2017
tragedias

El movimiento campesino contra el proyecto canalero de Daniel Ortega y el magnate chino Wang Jing, se ha pronunciado enérgicamente en defensa de su autonomía  y rechazo a la manipulación. El Consejo Nacional para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, dio a conocer esta posición con motivo de que el PLC presentó en la Asamblea Nacional un proyecto legislativo para supuestamente derogar la Ley del Canal.

Doña Francisca Ramírez, principal dirigente del  movimiento campesino anticanalero, asegura que ellos no niegan el derecho del PLC  u otro partido representado en la Asamblea Nacional, de proponer esa y cualquier otra iniciativa de ley. Pero no tiene derecho de hacerlo en nombre del movimiento campesino contra el Canal ni de alegar que algunos de sus  dirigentes o miembros se lo han pedido y asegurado su apoyo. Doña Francisca, con la franqueza que la caracteriza, ha denunciado que son fines electoreros los que en realidad persigue el PLC.

Al respecto hay que recordar que precisamente para resguardar la integridad e independencia de los movimientos sociales no partidistas, la reforma constitucional democrática de 1995  estableció el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley, directamente, sin intermediación de los partidos políticos. Después de presentada la iniciativa, los partidos presentes en la Asamblea Nacional podrán aprobarla o rechazarla, pero no tienen derecho a imponer condiciones a los ciudadanos ni al movimiento social que presentó el proyecto de ley.

El derecho de iniciativa de ley de los ciudadanos se ha mantenido en la Constitución, aún después de las reformas regresivas y antidemocráticas derivadas del pacto libero-sandinista que  restableció  el régimen bipartidista y la partidocracia. Con esas reformas se impusieron condiciones draconianas para la formación de partidos políticos —a fin de restringir el pluralismo— y fue creada la “ley del transfuguismo” que le aplicaron al PLI de Eduardo Montealegre para ilegalizarlo y  “limpiar” la Asamblea Nacional de diputados opositores.

Los campesinos anticanal, haciendo uso del derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas de ley establecido en el artículo 140 de la Constitución, presentaron el año pasado una propuesta  para la  derogación de la Ley 840, la Ley del Canal. La iniciativa  ni siquiera fue recibida en la Asamblea Nacional  y ante esta flagrante negación de su derecho constitucional, los campesinos del movimiento anticanal acudirán a las instancias internacionales de derechos humanos, con la esperanza de que este último recurso pudiera tener alguna eficacia.

Ahora bien, ante la desolación en la que se encuentra el proyecto canalero de Daniel Ortega y Wang Jing, se puede pensar que la iniciativa del PLC de derogación de la Ley del Canal podría ser una maniobra del orteguismo, para desmontarse de la mula del  faraónico proyecto  fracasado.

Pero aunque tal fuera el caso, el orteguismo y sus socios minoritarios no tienen autoridad política ni moral para manipular el movimiento campesino anticanalero, el más legítimo e íntegro que ha habido en los últimos tiempos de la lucha social en Nicaragua.

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