Violencia sexual contra menores es una epidemia que el Estado no quiere combatir, dice Red de Mujeres

El abuso sexual contra menores que muchas veces quedan embarazadas es considerado por la Red de Mujeres Contra la Violencia como una epidemia en el país, que no tiene un seguimiento adecuado por parte del Estado

violencia de género, justicia en Nicaragua

LA PRENSA/ARCHIVO

La falta de prevención y de seguimiento por parte de las instituciones del Estado a los casos de abuso sexual en contra de menores es una de las principales preocupaciones de organizaciones como Red de Mujeres Contra la Violencia y Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS).

Evelyn Flores, enlace nacional de la Red de Mujeres, calificó como «una epidemia» la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y lo que más le preocupa es que ni los operadores de justicia ni otros poderes del Estado emiten mensajes de advertencia para los abusadores para frenar este tipo de violencia.

Para Flores un mensaje importante sería que se apliquen las sanciones correspondientes a los agresores.

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Flores lamentó que muchas veces el resultado de las violaciones contra menores son los embarazos forzados en niñas y adolescentes, que a su criterio debe verse como un problema de salud pública pues no puede verse como natural que una niña de 15 años esté embarazada, dado que «todos esos embarazos son producto de violencia sexual».

«A mi me preocupa porque los medios de comunicación en lugar de sancionar la violencia están promocionando mensajes para ver como natural que una niña de 15 años está embarazada, se lanzan mensajes validando que una niña o una adolescente debe ser madre. Lo que debe hacerse es sancionarse ese delito para que mujeres y niños no vivan ese tipo de violencia», expresó Flores.

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Por su parte, la coordinadora del MCAS y psicóloga, Lorna Norori, mencionó como un problema grave que actualmente las víctimas carecen de atención, pues las condiciones precarias en que están muchas de las organizaciones impiden dar seguimiento a las víctimas, que tampoco lo hacen las instituciones del Estado, pues «tiene una intencionalidad de invisibilizar y naturalizar el problema de abuso sexual que viven niñas y adolescentes».

Norori  mencionó que actualmente no hay datos actualizados del Instituto de Medicina Legal y los más recientes que se conocen son los que ofreció en marzo pasado el director de esa institución, Zacarías Duarte que refirió cuando refirió que un 90 por ciento de las valoraciones que realizan sobre delitos sexuales corresponde a niños y adolescentes. Recordó Norori que el año pasado la misma institución lo contabilizaba en un 87 por ciento.

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«Es alarmante porque no hay una alternativa de la atención de problema», expuso Norori, quien desde abril pasado promueve encuentros con diversos sectores de la sociedad en varios departamentos del país para abordar la problemática y donde afirmó ha podido conocer expresiones y preocupaciones de víctimas que han brindado sus testimonios, al igual que los escucha en su consultorio.

«Hay un problema gravísimo que se trata de invisibilizar y es que tenemos niñas de diez a catorce años que están siendo abusadas y que resultan embarazadas».

La especialista  recordó que Nicaragua sigue ocupando el primer lugar por embarazos en niñas de esas edades y estima que «hay toda una intencionalidad de ocultarlo», manifestó Norori, quien añadió que «no se está haciendo nada en el país desde las instancias del Estado, eso le da un elemento al abusador para decir: lo puedo seguir haciendo».

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