El acuerdo del 15 de octubre de 2016 entre el gobierno orteguista y la Secretaría General de la OEA, que estableció el compromiso de apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país en el marco de los instrumentos normativos del Sistema Interamericano, trajo expectativas de sanidad para nuestra democracia gravemente enferma; generando optimismo entre los nicaragüenses porque ello implicaba superar el colapso sufrido por el sistema electoral que requiere para su curación de un tratamiento que elimine las causas de su deterioro democrático. En otras palabras, la situación nacional necesitaba el apoyo de la OEA para sanar al paciente, democracia nicaragüense, adoptando medidas curativas acompañadas de medidas profilácticas para prevenir un agravamiento del cuadro diagnosticado por la misma OEA en su informe final sobre las elecciones del 2011.
Del entusiasmo inicial muchos pasamos al desencanto, el optimismo se fue desvaneciendo en la medida en que fuimos conociendo los documentos de seguimiento al citado acuerdo, que develaron que la OEA, al igual que en el 2011, únicamente podrá practicar con su observación la medicina forense, restringiéndose exclusivamente a dictaminar sobre las causas y mecanismos de la nueva farsa, en un sistema en que, como recientemente expresara un representante de Ética y Transparencia, la enfermedad de la República es fruto de una política de Estado basada desde el 2006 en elecciones fraudulentas.
El perfil presentado por la OEA a los pretendidos donantes, “código SSD1703”, ha incrementado nuestro escepticismo al comprobar que en cada acuerdo posterior el compromiso de sanar la democracia viene decreciendo, sus componentes han venido de más a menos, coronando con el último que establece que las recomendaciones relativas a los procesos de depuración del padrón electoral, cedulación y rectificación de errores registrales “comenzaran a implementarse luego de que se haya concluido con las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2017”.
El monitoreo que el comité electoral del Frente Amplio por la Democracia (FAD) ha organizado para seguimiento del proceso electoral, en un primer informe, ha concluido que hasta el momento nada ha cambiado y que tampoco hay perspectivas de cambio para garantizar una elección, libre, justa y transparente.
El FAD ha agrupado en nueve bloques las 51 prácticas, procedimientos e infracciones a la Ley identificados como parte de los mecanismos de los reiterados fraudes, muchos de las cuales se corresponden con las recomendaciones de corrección hechas por la OEA y la Unión Europea para lograr procesos electorales que cumplan con los estándares democráticos.
De los nueve bloques, el de negación del derecho a organizarse y participar, y, el de deficiencias de la Ley Electoral, han sido calificados como no resueltos; el de cedulación discrecional y partidaria, y, el de competencia desleal, se han calificado como no resueltos en sus componentes mayoritarios, estimándose de difícil resolución en el tiempo que resta del proceso; solo un bloque, el de observación electoral restringida y con obstáculos, se ha calificado como parcialmente resuelto, el resto está pendiente de verificar por corresponder con las últimas etapas del proceso.
Los análisis preliminares de los asesores del FAD son similares a los efectuados por otros expertos, llevándonos a concluir en que nuevamente tendremos observación de la OEA con fraude y negación del derecho ciudadano a decidir, quedando reducida a un dictamen post mortem; lo que confirma la carencia de argumentos de aquellos que, legitimando al régimen con su participación en el proceso electoral, pretenden justificarla con la falsa idea de que la sola presencia de la OEA lo cambiaría todo.
No obstante los nicaragüenses estamos obligados a mantener el optimismo para perseverar en el propósito de restaurar la democracia. Ojalá los tres años que tomará a la OEA el desarrollo de sus trabajos, le permitan cumplir sus objetivos preliminares, que a noviembre continuarán pendientes.
El autor es abogado.
