El jueves 1 de junio LA PRENSA publicó una nota informativa titulada Mejora gasto en Salud y Educación, en la cual se reportaba que en el año 2016 el gasto público en los rubros de Educación y Salud mejoró 0.2 y 0.3 por ciento, respectivamente.
Se trata de un aumento pequeñito, pero aumento en fin y por lo tanto una noticia positiva, aunque son los usuarios de esos servicios públicos básicos los que tienen que decir si en realidad perciben alguna mejoría.
Ese mismo día, en su comentario diario en los noticieros de Radio Corporación, el investigador económico y social y exdiputado Enrique Sáenz hizo una comparación del gasto público en Nicaragua en los rubros sociales, con el de los otros países centroamericanos, particularmente Costa Rica.
Apoyado en datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo (Funides), Sáenz mencionó que en Nicaragua el gasto público anual en educación primaria es de 189 dólares por estudiante y de 119 dólares en la educación secundaria. En contraste, el gasto público por cada estudiante de educación primaria en Costa Rica es de 2,374 dólares, en tanto que en secundaria el gasto por alumno equivale a 2,369 dólares.
Por otra parte, utilizando datos del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Sáenz comentó que en el año 2016, en Nicaragua el gasto público en Salud, específicamente el destinado a medicamentos, fue un poco menor a 8 dólares por persona. Pero el mismo gasto público en medicinas de los países vecinos es en promedio de 40 dólares por cabeza.
Se trata de una gran diferencia, a pesar de que Nicaragua es el país que más crece económicamente. La explicación radica en el sistema político. La razón es que los países vecinos y en particular Costa Rica son más democráticos que Nicaragua. Y menos corruptos, aunque en esto no hay cifras como en el gasto público social porque la oscuridad administrativa y la falta de control y rendición de cuentas no permite —o dificulta en gran medida— obtener información sobre este ámbito fundamental de la política pública nicaragüense.
Siempre hemos dicho que si en Nicaragua hubiese un gobierno verdaderamente democrático, consistente y honesto, el crecimiento económico sería mayor y su redistribución social mucho más equitativa.
El sistema democrático es superior al régimen autoritario, no solo como forma de gobierno fundada en elecciones regulares y la voluntad de la mayoría, sino también como Estado de derecho, gobierno de leyes y transparencia en la administración pública.
Se entiende que la democracia por sí sola no resuelve los problemas económicos y sociales de la gente. Pero al combinarse con el sistema de separación de poderes y el control de los gobernantes, facilita mayor crecimiento y mejor inversión de los recursos en programas sociales, sin condiciones, exclusiones ni chantajes políticos.
La situación de Costa Rica, comparada con la de Nicaragua, así lo demuestra de manera irrefutable.
