A través de las reformas en materia penal el Gobierno estaría legalizando tribunales cuyo objetivo sería actuar como órganos represivos contra los grupos opositores y las protestas sociales, como las del movimiento campesino anticanal, según el análisis del constitucionalista Gabriel Álvarez y de organismos defensores de derechos humanos.
“El señor Daniel Ortega viene desde hace años dotándose de los instrumentos legales que le permitan ir preparando los mecanismos de represión” contra sectores que le adversan y “estas reformas son un intento burdo más”, afirmó el jurista Álvarez.
La Presidencia mandó el viernes pasado un combo de propuestas de reformas al Código Penal (Ley 641), al Código Procesal Penal (Ley 406) y a la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres a la Asamblea Nacional. Esas propuestas serán enviadas este martes a la Comisión de Justicia para que empiecen sus consultas.
Álvarez dijo que las reformas planteadas al Código Penal y al Código Procesal Penal “son inconstitucionales y tan graves” que su “riesgo es que puede haber un ámbito vengativo y no de administración de la justicia” para opositores políticos y grupos sociales descontentos con el gobierno de Ortega.
Álvarez coincidió con otros juristas en que con los poderes que se darán a un juez técnico se pretende crear de hecho tribunales de excepción, donde se juzgaría a aquellas personas que política o económicamente les sean incómodas al régimen.
“En los años ochenta existían los Tribunales Populares Antisomocistas, donde no juzgaban a los ciudadanos nicaragüenses por la comisión de delito, sino que, prácticamente, el individuo que caía en las manos de esos tribunales estaba condenado porque iba con la presunción de ser somocista. No son tribunales que juzgan cualquier delito y a cualquier persona, es específicamente a esas personas incómodas políticamente”, refirió Álvarez.
Con miras a los Tribunales de Excepción
Ortega propuso reformar el artículo 565 del Código Penal para que los jueces técnicos canalicen casi todo tipo de delitos y además busca legalizar las detenciones ilegales, al establecer que los sospechosos “de delitos que en la pena se clasifiquen como graves” se mantendrán en prisión preventiva hasta que se emita una sentencia.
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Mediante la reforma al artículo 22 del Código Procesal Penal se busca legalizar que se traslade, mantengan en prisión y enjuicien en Managua a reos que calcen en una nueva figura a crearse, que es el “delito de relevancia social y trascendencia nacional, así como aquellos en el que exista una pluralidad de afectados, imputados o conductas, será competente la autoridad judicial de la capital de la República”.
“Es posible que lo que pretendan es crear los tribunales de excepción. No existen ahorita porque los tribunales son ordinarios, pero está el riesgo que de hecho estén creando tribunales de excepción (que están proscritos en todo Estado de Derecho), pero con estas reformas son un intento burdo de asignarle un juez a cada caso que les interese juzgar. Si la persona es más incómoda, si es más rebelde, le van a poner un juez más duro; por el contrario, si es una persona más sumisa, más dócil, un militante, entonces así será el juez”, afirmó Álvarez.
La Ley y la realidad
El cambio penal propuesto, según el especialista, viola la Constitución y el Estado de Derecho.
“En la Ley se seguirá diciendo que son jueces ordinarios, pero en la realidad funcionará distinto, porque habrá un staff de jueces, los que van a conocer, ahora con base legal porque lo han venido haciendo de manera ilegal e inconstitucional, casos de interés para el Gobierno. Si hacen esa regla, si ponen esa Ley, la presunción legítima más que fundamentada es que van a escoger a los jueces con pinzas, seleccionados por el Ministerio Público, porque ya sabrá que le responde a su interés para que conozca el caso”, afirmó.
Agudiza politización del poder judicial
El sistema de justicia en Nicaragua es cuestionado por organismos y movimientos de la sociedad civil, partidos opositores y el sector empresarial de estar politizado y responder a los intereses del orteguismo. Estas reformas penales, para Álvarez, son una pieza más en esa politización del poder judicial.
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“Ortega desde las reformas constitucionales del 2014, con la Ley de Seguridad Soberana, con las reformas a la Ley de la Policía y del Ejército ha ido creando toda una estructura organizativa y un cuerpo normativo que le permita reprimir, tratando de no ser sometido él mismo o sus subordinados posteriormente a juicios”, afirmó Álvarez.
Estado policíaco
Este especialista coincide con representantes de organismos defensores de derechos humanos en que la propuesta de reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal (CPP) violentan la Constitución Política, los derechos humanos de los nicaragüenses y los tratados internacionales firmados por Nicaragua en ese sentido.
Para defensores de los derechos humanos las reformas penales retroceden las investigaciones policiales al modelo inquisitivo y confirma la falta de institucionalidad en el país en detrimento de los derechos de los ciudadanos, sobre todo ante posibles protestas sociales.
Los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), como de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), estiman que con la propuesta el Gobierno provocará no solo más violaciones a los derechos humanos, sino que se llenen las cárceles del país.
“Ese combo (de reformas) tiene ese espíritu, que previene convulsiones sociales para aumentar el estado policíaco, el estado represivo; en ese sentido para eso tienen los centros de tortura en Managua, la creación de prueba por la vía de tortura (…) evidencia la inexistencia de lo que hemos planteado hace años, la institucionalidad”, sostuvo el director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión.
A criterio del jefe de proyectos de la CPDH, Denis Darce, las reformas “tienen que ver más con el endurecimiento de una dictadura a la que nos estamos enfrentando; ellos vieron que la Ley de Seguridad Soberana no les funciona como querían, por eso buscan arrogarse más facultades para poder seguir avasallando las libertades de los ciudadanos”.
La propuesta de reformas penales, según Carrión, busca legalizar “una serie de atropellos” en materia de derechos y garantías. Y considera que las mismas confirman los cuestionamientos sobre una serie de casos donde los detenidos han sido sustraídos de sus jurisdicciones para ser procesados en Managua.
“La doctrina establece el concepto de territorialidad y la competencia está determinada en razón de la materia y en razón del territorio”, recordó Carrión, quien consideró que el hecho de reformar el tema de la jurisdicción territorial tiene como propósito adelantarse a posibles conflictos sociales que debe prever el Gobierno, como la lucha campesina anticanal.
Otro peligro que advierten los defensores de derechos humanos es la legalización de los arrestos prolongados, que ya se venía denunciando. Los juristas consideran que con estas reformas penales el orteguismo busca legalizar la represión contra opositores.
Poderes del juez técnico
El secretario de la CPDH, Marcos Carmona, expresó preocupación por la implementación de un juez técnico en la mayoría de casos, “porque sabemos cómo funciona el sistema judicial partidarizado, que responde a los intereses de un partido”. “¿Qué va a pasar cuando un ciudadano que no comulga con los intereses partidarios sea procesado por cualquier situación que se dé? Este juez técnico va a actuar de la manera que el partido le oriente. Situación que preocupa”, señaló Carmona, quien adelantó que realizarán un análisis de los casos.
Casos graves sin beneficios
La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó que con las reformas propuestas al Código Penal los privados de libertad que sean condenados por delitos graves por un juez técnico no gozarán de ningún beneficio legal, como la suspensión de la pena, libertad condicional y descuento de pena por días trabajados.
“El mensaje es que aquí hay leyes fuertes para los que cometen estos delitos con tanta saña y aunque no pueden cumplir penas de más de 30 años, por derecho constitucional, ningún preso condenado por estos delitos graves puede gozar de absolutamente ningún beneficio durante el tiempo que estén cumpliendo prisión; ningún preso gozará de suspensión de pena, como condena condicional o salir antes de la condena”, dijo la magistrada Ramos.
Esta negativa de beneficios es considerada discriminatoria en el trato de los reos y desvirtúa el propósito del Sistema Penitenciario en Nicaragua, que es reeducar, restaurar y reinsertar a la sociedad a los privados de libertad, explicó el abogado penalista Nelson Cortez.
Martha Vásquez