La millonaria inversión que el gobierno del presidente designado Daniel Ortega ha desarrollado con el programa social Plan Techo Solidario fue criticado por los economistas Enrique Sáenz y Cirilo Otero, quienes coinciden en que el programa, además de no resolver el problema de pobreza de los beneficiados, tampoco ha sido manejado con transparencia.
“Ciertamente, para un pobre es mejor tener el techo cubierto a tener un pascón por techo. Sin embargo, esta es una medida que no ayuda a reducir la pobreza. La pobreza se reduce generando empleo y este gobierno se ha especializado en expulsar a los trabajadores hacia la economía informal”, aseguró Sáenz, exdiputado y exmiembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.
El programa, que desde su inicio era gratuito para los beneficiados, ya no lo es desde el mes de marzo pasado, por lo que los beneficiarios deben pagar mil córdobas por las 10 láminas de zinc y las tres libras de clavos, según constató LA PRENSA.
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“La mejor evidencia de que no contribuye a reducir la pobreza es que la gente más bien vende las láminas o parte de las láminas para poder aliviar necesidades más apremiantes, comenzando por la comida”, sostuvo Sáenz.
Los datos de los informes sobre la cooperación venezolana permiten estimar que se han destinado más de 142 millones de dólares en los siete años ejecutándose el Plan Techo Solidario, que tuvo su origen en el 2009.
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El gasto para este plan no es parte del Presupuesto General de la República, aunque sí está incorporado en el plan anual del Gobierno por ser uno de los programas insignia de lucha contra la pobreza de la administración orteguista, que gobierna el país desde el 2007.
Solo en 2016 el programa Plan Techo Solidario costó 18.2 millones de dólares, según el informe anual de Gobierno, aunque no especifica la fuente de los fondos.
Genera corrupción
El economista Cirilo Otero criticó que el Plan Techo Solidario, al no ser licitado, genera actos de corrupción.
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“Cuando una empresa, una institución, los gobiernos, no licitan, siempre hay un proceso de corrupción para beneficiar a determinada empresa, persona o sector. La familia gobernante tiene sus empresas constructoras o participa como socios en empresas constructoras y allí se asigna la construcción de las viviendas o el Plan Techo; eso me dice que no hay transparencia”, aseguró el economista y sociólogo.