Sigue tensión entre pobladores y empresa de Mina La India

La acusación en contra de siete habitantes que integran el Movimiento Comunal Santa Cruz de la India es causa de protesta en el poblado

Mina La India

Con marchas la población de Mina La India ha externado su rechazo a la presencia de la empresa minera Condor Gold. LA PRENSA/CORTESÍA

Desde hace una semana que los padres de familia de la Mina La India decidieron no enviar a sus hijos a clase. En respuesta, el Gobierno envió unos 60 policías junto a cinco patrullas, que permanecen en el lugar.

Lo que el Movimiento Comunal Santa Cruz de la India denomina “paro escolar”, fue la reacción de los pobladores del lugar en rechazo a la decisión de una juez local de aceptar la acusación y programar juicio para la próxima semana en contra de siete miembros de dicho movimiento, acusados por supuestos daños a la empresa minera India Gold S.A.

“Y no se va a resolver ese problema del paro escolar hasta que las autoridades correspondientes devuelvan la paz y la armonía a nuestro pueblo, la justicia”, advirtió el líder comunal Olman Onel Salazar, quien es uno de los acusados.

Salazar dijo que actualmente solo acuden a la escuela los hijos de los trabajadores de la empresa que representan a unas cinco familias, cuando en total son unos 500 estudiantes de primaria y secundaria.

LA PRENSA llamó y visitó las instalaciones de la empresa minera Condor Gold, con el objetivo de obtener una respuesta por parte de sus representantes ante las protestas que han generado pobladores del territorio, donde esta compañía tiene concesión de 313 kilómetros cuadrados. En esa empresa alegaron que los responsables estaban en la Mina La India y que no sabía cuándo regresarían a Managua.

Posteriormente la persona que atendió vía telefónica aseguró que enviaría la solicitud de entrevista a los encargados de la empresa y que estos se comunicarían, pero hasta el cierre de esta edición no lo habían hecho.

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El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, es del criterio que hay mucha probabilidad que los acusados sean declarados culpables y una eventual condena. Pero “es impredecible lo que pueda suceder”, agregó pues el pasado 31 de mayo tras la audiencia en que la judicial decidió remitir el caso a juicio, observó el respaldo de centenares de personas.

Buscan convencerlos

La mayoría de la población de la Mina La India, se resiste a ser reubicado como pretende la empresa pues no fueron consultados previamente. Ahora dice Olman Salazar lo hacen casa por casa.

Y “al que miran más humilde” para convencerlos les dicen que acepten porque “el Gobierno te va sacar, porque Laureano Ortega (hijo de la pareja presidencial) es socio de la empresa”, comentó Salazar.

Según el dirigente, en la comunidad hay un abogado presuntamente de Pro Nicaragua que en el lugar ha llegado a vertir expresiones como “de todas formas esto es del Estado, aquí Laureano (Ortega) es el socio de la empresa y de aquí van a mandar los antiomotines, quieran o no quieran, se van a tener que ir de aquí”.

Por ocho sacos de tierra acusó empresa

El pasado 31 de mayo en el Juzgado Local Único de Santa Rosa del Peñón, en una audiencia preliminar con carácter inicial fue programada la audiencia de juicio oral y público para el 14 de junio, a las 9:30 a.m, la empresa minera presentó acusación particular en contra de Norlan Ulises Laguna Sánchez, Miguel Ángel Laguna Sánchez, Rafael Ángel Penado Salazar, Bernardo Laguna Vega, Juan Mauricio Rugama Meza, José Denis Flores Valverde y Olman Onel Salazar Umanzor. Al funcionario del Cenidh, Gonzalo Carrión le parece “ridícula” la acusación por el daño a ocho sacos de tierra, valorados en doce mil córdobas.

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