Expertos temen “dictadura judicial”por reformas penales

Según el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, la casi desaparición de los tribunales de jurados puede interpretarse de que desconfían de los ciudadanos y quieren la concentración de la justicia en una sola persona que obedezca órdenes

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Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), están relacionadas con el desacato por parte de las autoridades de los penales a los mandatos judiciales. LA PRENSA/ ARCHIVO

Mientras el exprocurador general de la República, Alberto Novoa, critica que la iniciativa de reformas al Código Procesal Penal y Código Penal atenta contra la democracia y promueve la “dictadura judicial” a través de los jueces técnicos, el magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, dice que los cuestionamientos son “puro cuentos”.

Según Novoa, la casi desaparición de los tribunales de jurados puede interpretarse de que desconfían de los ciudadanos y quieren la concentración de la justicia en una sola persona que obedezca órdenes, lo que promovería lo que se llama “dictadura judicial”, que se aplica cuando se conceantra todo el poder y queda sujeto a la interpretación de los llamados jueces técnicos.

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“Se presta a la manipulación, porque no es lo mismo manipular a uno que manipular a cinco personas”, sostuvo Novoa.

Asimismo, señaló el hecho de sustraer a una persona de su juez natural. “Significa que la justicia se presta más a ser negociada ante una sola persona”, sobre todo por tráfico de influencias y no ayuda en nada a la democratización del sistema de justicia.

Críticas “son puro cuentos”

Contrario a la posición de Novoa, el magistrado Solís refirió que las críticas a las propuestas de reformas por ser inconstitucionales “son puro cuentos”, y que de ninguna forma promueven tribunales de excepción al sustraer a los procesados de su juez natural.

Además, argumentó que en Centroamérica existen cuatro países que tienen jueces que ven casos ocurridos a nivel nacional y que les ha ido muy bien.

“La competencia se determina con el criterio de cada país. Costa Rica, Honduras y Guatemala tienen una gran cantidad de delitos que son competencia de los jueces de las capitales, están en los códigos de ellos. Nombrar al juez de Managua para algunos delitos que tenga competencia nacional no es inconstitucional es puro invento”, dijo Solís.

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Al referirle al magistrado que el mandato del juez natural está en la Constitución Política de Nicaragua y no solo en el Código Procesal Penal, y por tanto, tendrían que reformar la Carta Magna, este respondió un poco agitado.

“¿Por qué? Son jueces nombrados por el poder judicial, ¿cuál es la excepción? No, si es que la competencia del territorio nacional por razones de trabajo y razones prácticas se ha determinado que cada juez resuelva los casos que se dan dentro de su jurisdicción, pero hay algún tipo de delitos que tienen implicancia nacional que se ven en todo el país y lo normal es que los vean los jueces de la capital”, dijo Solís.

Sobre a quién le tocará decidir si acusan en Managua o en el lugar donde se dieron los hechos delictivos, el magistrado Solís dijo que será función del Ministerio Público y el poder judicial.

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Corte Suprema de Justicia. LA PRENSA/ ARCHIVO

Al respecto, Novoa refirió que esa discrecionalidad con la asignación de los jueces técnicos “significa que la justicia se presta más a ser negociada ante una sola persona”, se daría más el tráfico de influencias y esto no ayuda en nada a la democratización del sistema de justicia.

Finalmente, el magistrado defendió las reformas argumentando que eran parte de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Esta es una lucha contra el narcotráfico, el terrorismo. El dejar listos jueces con jurisdicción de todo el país, pero es una figura que ya se está aplicando en cuatro países”, recalcó el funcionario judicial.

Va a consulta

Según el magistrado Solís, de todas maneras la iniciativa de reforma va a consulta en los próximos días, aunque solo mencionó a la Fiscalía, poder judicial y otras instituciones del Gobierno y no así a organismos de la sociedad civil como asociaciones o colegios de abogados, entre otros.

“De todas maneras la Asamblea hasta ahora la está empezando a discutir, tiene que consultarlo con la Fiscalía, la Corte y otras instituciones del Estado, pero la reforma es un mensaje al país que estamos en contra de la violencia hacia la mujer, contra el narcotráfico”, expresó Solís.

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Sobre la discriminación penal de restringir el derecho a los reos condenados con penas graves de 30 años a beneficios y derechos como suspensión de pena, libertad condicional y el descuento de pena (por cada día trabajado), este dijo que eso ya se venía haciendo.

“Eso ya tiene años de estar vigente, hay una serie de delitos que están excluidos de salir en libertad antes que cumplan el ciento por ciento de su condena porque son delitos graves”, agregó Solís.

Propuesta es una involución del derecho

La propuesta de reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y contra la Violencia hacia la Mujer a criterio del abogado, exjuez de Distrito, exjuez militar, exauditor y exfiscal militar, Carlos Baltodano, debería ser llamada como “involución jurídica en el campo penal”.

Destacó Baltodano que en países como Estados Unidos, la mayoría de los delitos son juzgados por un gran jurado integrado por doce personas, en Nicaragua es opción de la persona ser juzgado por un jurado o un juez técnico. Pero con estas reformas pretenden sacar muchos delitos del rango de acción del jurado, pese a que la Constitución Política establece que el acusado tiene el derecho de ser juzgado por un jurado o por un juez técnico.

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Baltodano cuenta como experiencia que en los últimos siete años sus representados han optado por ser juzgados por un jurado de conciencia. Esto porque considera que es difícil encontrar a cinco personas que obedezcan a un partido, son elegidas por un sistema y “difícilmente son comprables”, pues en un término de 24 horas son elegidos, notificados y es difícil saber quiénes integrarán el jurado.

Centralizar la justicia

Para el abogado y secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, el trasfondo de dar mayor poder a los jueces técnicos es eliminar los tribunales de jurado porque sus sentencias no pueden ser apeladas lo que sí ocurre con los jueces técnicos. “Satanizar los tribunales de jurado como lo pretende hacer hoy por hoy el Estado a través de una reforma penal simplemente es porque las decisiones del tribunal de jurado son inapelables. Lo que esconde la propuesta es el interés de tener centralizada y manipulada la justicia, para los intereses de determinado círculo “y eso es lo peligroso”.

Violación a derechos humanos

Los tribunales de jurados representan a la sociedad y permiten garantizar una administración de justicia con objetividad e imparcialidad, considera Álvaro Leiva Sánchez, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Leiva reiteró que al desaparecer los tribunales de conciencia privarían la impunidad y la injusticia en los diferentes procesos, lo que violenta los derechos humanos de los nicaragüenses.

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Para Alberto Novoa, también se atropella la Constitución y centralizan la administración de justicia y “es un ataque más a la democracia”, pues la participación de los jurados es parte de las garantías democráticas.

Estas reformas a leyes penales van en contradicción con la política de descongestionamiento de los diferentes sistemas penitenciarios del país, mismos que desde hace unos tres años el Gobierno viene descongestionando con la salida masiva de reos nacionales y extranjeros.

El magistrado sandinista Rafael Solís dijo que no ve la posibilidad de aumento de la población penal porque los reos por delitos graves apenas representan entre el dos y tres por ciento de la población penal de Nicaragua que supera los 14,000 reos.

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