La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, calló ante los señalamientos que le hizo el diputado indígena por Yatama, Brooklyn Rivera, de que el Ministerio Público actúa parcialmente a favor de personas del partido sandinista en casos en los que están señaladas de estar involucradas en actos delictivos.
Guido acudió a la Asamblea Nacional para presentar el informe anual 2016.
“Hay demasiada parcialidad del Ministerio Público cuando se trata de gente vinculada al partido de Gobierno, al Ejército, a la Policía, se quedan impunes”, reclamó Rivera. Se quejó además que en el informe de la Fiscalía no se mencionó “la violencia que han vivido las comunidades indígenas, del Caribe Norte en especial” entre 2015 y 2016, que, según el legislador de Yatama, ha dejado “secuestros, asesinatos, desaparecidos y comunidades enteras desplazadas”.
Le puede interesar: Amenazas a familia de Vilma Trujillo en el Caribe Norte
Rivera mencionó, entre otros casos ocurridos en Waspam, el asesinato del líder indígena de Yatama, Mario Leman y la emboscada sufrida por el también líder indígena Constantino Romel.
Cuando le tocó responder a la fiscal Guido obvió las críticas de que el Ministerio Público actúe parcialmente, y se limitó a decir a Rivera que en los hechos de violencia en las comunidades indígenas “que están en investigación nosotros podemos asegurar que no hay impunidad”. “Al contrario, agregó, hemos trabajado con mucha dedicación junto con la Policía Nacional para tratar de esclarecer los hechos de situaciones que se han dado en esos lugares, él (Rivera) sabe que son lugares muy remotos, alejados con muchas dificultades, pero seguimos trabajando para dar respuestas”.
Además: Juez técnico decidirá en el caso de asesinato de líder indígena
Guido tampoco respondió a los señalamientos de Maximino Rodríguez, diputado designado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sobre que bajo su administración se despidió a fiscales con preparación y se reemplazó por funcionarios ligados al Gobierno.
En su informe anual Guido sostuvo el discurso oficial reiterado de que Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica, basándose en la baja incidencia de delitos graves y en especial de la baja tasa homicidios de 7 muertes por cada 100,000 habitantes, así como de menor cantidad de robos y gracias a la denominada estrategia del Muro de Contención.
También: Reformas a Ley 779 traerán impunidad, advierten defensores
De forma reiterada esto ha sido cuestionado por especialistas en el tema, que señalan que los datos estadísticos oficiales no pueden verse como el todo para referirse a la seguridad de un país.
Cifras “maquilladas”
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, consideró que las cifras oficiales son utilizadas como “maquillaje” de lo que ocurre en el país.
“Aseguramos que en Nicaragua no hay pistas clandestinas, sicariatos, maras ni territorios controlados por grupos de delincuentes”, afirmó Guido a los legisladores.
Lea además: Dos de los sospechosos detenidos violaron a madre e hijo asesinados en Quilalí
En su informe al parlamento la funcionaria expresó que estos resultados hacen al país “atractivo para la inversión extranjera y el turismo, en un ambiente de seguridad, paz y armonía”.
En 2016 esa institución atendió 39,458 casos, de los cuales la institución ejerció la acción penal en 27,384 denuncias, lo que representó un 69.40 por ciento de las mismas. En total la Fiscalía acusó el año pasado a 29,656 personas por diferentes delitos.