En la mayor parte de la prensa de Estados Unidos (EE.UU.) se opina que el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, presentado el jueves de esta semana ante el Comité de Inteligencia del Senado, podría ser la base de un proceso político o “impeachment” para la destitución del presidente Donald Trump.
Según esas opiniones, el testimonio de Comey acerca de que el presidente Trump le pidió que no continuara una investigación que podría tener implicaciones de seguridad nacional, se puede considerar como una obstrucción de justicia e inclusive de traición, de parte del presidente.
Sin embargo, Trump, sus abogados y los asesores que lo defienden y justifican, aseguran que las acusaciones de Comey no son serias y que el director del FBI estaría prestándose a una tragicomedia política por resentimiento, porque fue despedido por el presidente del alto cargo que desempeñaba.
Sostiene la defensa de Trump que en realidad este no ordenó a Comey suspender la investigación sobre el exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flinn, quien renunció por haber ocultado vínculos irregulares con Rusia. Y aclara que lo que hizo el presidente fue decirle amistosamente a Comey, que Flinn es una buena persona y por eso tenía la “esperanza” en que el FBI no continuara las investigaciones.
Sin duda que tienen razón quienes alegan que decir que se tiene “esperanza” en que no se siga una investigación del FBI, no puede ser base para una acusación contra el presidente y montar un proceso político con el objetivo de destituirlo.
Además, el director del FBI es un funcionario subordinado del presidente y este le puede ordenar que inicie y suspenda una investigación. Inclusive puede destituirlo de la misma manera que lo ha nombrado y como en efecto lo destituyó. El hecho de que el FBI sea parte del Departamento de Justicia no significa que el presidente de los EE.UU. carezca de autoridad sobre esa institución y su director.
Montar un proceso político para procurar la destitución del presidente estadounidense no es fácil, pero tampoco es algo imposible. La Constitución de los EE.UU. establece claramente que el Senado tiene la potestad de juzgar al presidente de la República por “traición, cohecho u otros delitos y faltas graves” y, si es el caso, condenarlo mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
En el caso del presidente Donald Trump, quienes abogan por un juicio político para su destitución argumentan que si se demuestra que se coordinó de alguna manera con funcionarios y operativos rusos, eso podría ser calificado como traición. Pero tendrían que demostrar ese extremo.
En la historia de los EE.UU. solo dos presidentes han sido sometidos al proceso político de destitución o “impeachment”, Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998-1999, pero ambos fueron absueltos. En un tercer caso, el de Richard Nixon en 1974, el proceso fue interrumpido cuando este renunció por temor a ser destituido.
El caso del presidente Donald Trump se puede considerar en realidad como una tragicomedia política en la lucha por el poder, pero está poniendo a prueba la fortaleza de las instituciones de la emblemática democracia estadounidense.
