Ya son nueve años desde que se anunció la creación de la Ley de Cánones, que manda la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales en su artículos 88 y 89, la cual establece que tantos los productores agropecuarios e industriales deben pagar por el aprovechamiento del recurso para evitar que las fuentes se agoten en el futuro, explicó Ruth Herrera, ex presidenta de la Empresa de Acueductos y Alcantarillado (Enacal).
“En el 2007 entró en vigencia la Ley de agua, en marzo del 2008 debido presentarse la ley de cánones, pero que ha sucedido. Que el Gobierno tiene una alianza con los empresarios y no quieren crear una ley que afecte los intereses de este sector”, sostuvo Herrera.
Aplicación de la ley de cánones
La Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, en su artículo 88 dice: “El establecimiento del canon deberá tomar en cuenta básicamente: la disponibilidad relativa del agua en la localidad o región en donde se realice la extracción, la productividad y el beneficio económico que le confiere el uso de agua al usuario, si es uso consuntivo o no, los volúmenes utilizados, su contribución en la generación de impuestos y en la generación de empleo, si produce bienes destinados a la exportación; y si produce bienes de consumos de primera necesidad”.
Negocio con el agua
Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec) manifestó que Enacal podría hacerle frente a la crisis económica que experimenta si se aplicará la ley de cánones.
“Hay que ver que las grandes industrias se están enriqueciendo, haciendo dinero con el agua. No es posible que esto siga así, ellos deberían de pagar al menos 75 centavos dólar por el metro cúbico de agua porque es para negocio. Cómo es posible que este gente no pague por el servicio y la empresa esté en quiebra”, dijo Pomares.
Herrera comentó que si cada productor debería pagar 2.50 córdobas por metro cúbico de agua. Al mes consumen mil metros cúbico. Esto implica que al año se deja de percibir treinta mil córdobas por productor
Dejaron de pagar
Hace años la Autoridad Nacional del Agua (ANA) estableció un cobro de cinco centavos de dólar a las empresas como techo al piso de canon, mientras entraba en vigencia la ley, pero la ley nunca entro en vigencia y la mayoría dejó de pagar el impuesto.